Ya tenemos la justificación para volver a las urnas el 26 de junio. Se lo he escuchado por primera vez a Albert Rivera, pero no tengo dudas de que los demás políticos asumirán como propio su argumentario: «Sería un fracaso de todos convocar de nuevo elecciones, pero aún sería peor formar un Ejecutivo malo o anodino que no pudiera gobernar y que estuviera abocado al descalabro». Después de una nueva semana en la que los políticos siguen con su sainete en el que tan cómodamente se mueven, pese a que afirmen lo contrario, mucho me temo que estamos abocados a nuevas votaciones. A menudo me preguntan amigos y conocidos (nunca había observado tanto interés por la política como en estos meses) si habrá elecciones o no, como si los periodistas, por el mero hecho de serlo, tuviéramos el don de la adivinación, nada más lejos de la realidad. Ahora bien, en aras de no perjudicar mi imagen, en las contestaciones que ofrezco voy alternando uno u otro razonamiento («sin duda, habrá elecciones», «no, no, se llegará a un acuerdo de Gobierno en el último suspiro») con lo que, para al menos el 50% de mis interlocutores habré acertado en mi pronóstico, aunque para la otra mitad seré siempre un mal analista.
La tensión política que vive España, sin embargo, no es ninguna broma y, por desgracia, se ha trasladado ya, con todas sus consecuencias, a nuestra economía. A las voces que desde hace meses aluden a los perjuicios que la ausencia de Gobierno ocasiona para la marcha del país (la CROEM cifró en 1.000 millones en inversiones paralizadas y 2.000 empleos en el aire solo en nuestra Región) se suman ahora organismos como el Banco de España, que dio el viernes un duro aviso a navegantes: El parón político amenaza a la economía.
En este inestable clima, los datos del déficit español al cierre de 2015 fueron demoledores para terminar la semana: España tiene un desfase presupuestario del 5,2% del PIB, es decir, un punto por encima de lo que se comprometió con la Comisión Europea. Ya saben que Montoro responsabiliza a las comunidades autónomas y estas se defienden culpando al ministro por la mala financiación, en un alarde de virtuosismo político que consiste en meter la pata y tener siempre a alguien a mano para que pague el pato. Primera consecuencia del déficit: el próximo gabinete que salga de un acuerdo o de nuevas elecciones deberá hacer un durísimo ajuste del gasto (bien recortando, bien aumentado los ingresos con subidas de tributos) cercano a los 23.000 millones de euros. Déjenme que les confiese algo: no tengo ni la más remota idea de si habrá o no nueva llamada a las urnas, nadie puede saberlo a día de hoy porque los actores que intervienen en las negociaciones son impredecibles. Ahora bien, con los datos económicos que tenemos les puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que el próximo Gobierno (sea cual sea su composición, color, estrategia, promesas electorales) subirá los impuestos y hará recortes draconianos.
