Ante el acuerdo establecido entre la Unión Europea y Turquía, sólo cabe, como no puede ser de otra forma, que las personas que defendemos los Derechos Humanos, manifestemos nuestra más enérgica repulsa a esta respuesta vergonzosa a la llegada de la población desplazada a las costas de Europa, la mayoría huyendo de la guerra en Siria. A los efectos, este acuerdo consolida el modelo de 'devoluciones en caliente' que España puso en marcha en Melilla (e incluyó en la Ley de Seguridad Ciudadana), a la vez que facilita el ingreso en la Unión Europea de Turquía, donde se suceden los ejemplos de retroceso de los valores democráticos.
El trato, que implica devolver a Turquía a todas las personas que lleguen ilegalmente a las costas griegas, incluida la población siria, con el compromiso de traer desde Turquía a un número de refugiados/as equivalente al de expulsiones, consolida el fiasco que está suponiendo la gestión de esta crisis en el marco de la UE. La deriva en la gestión de estos flujos migratorios y en la obligación legal de atender a la población solicitante de asilo muestra la falta de voluntad política y la incoherencia con sus propias decisiones de la UE, que en septiembre alcanzaba un acuerdo para la distribución de 160.000 personas refugiadas llegadas a las costas de Grecia e Italia. De ellas, casi 17.000 debían haber llegado a España; a día de hoy, sólo lo han hecho 18.
No es así como se deben afrontar estos dramas. La Unión y los Gobiernos europeos deben actuar y marcarse como reto evitar la muerte, el sufrimiento humano y el desplazamiento forzoso de miles de familias. Y es que la falta de escrúpulos de Europa la aleja de sus valores fundacionales y de cualquier credibilidad en su posición ante la defensa de los derechos humanos. Lavarse las manos y subcontratar a Turquía la gestión del futuro de millones de personas a cambio de duplicar la ayuda económica para atender a las personas desplazadas y ceder al chantaje del Gobierno autoritario de Erdogan, vulnera el derecho internacional en materia de asilo, pero no sólo eso: también se erige como un respaldo a la inhumanidad de la respuesta de un buen número de estados europeos a la población desplazada.
En los últimos meses hemos visto cómo la Policía macedonia lanzaba gases lacrimógenos a las personas refugiadas en la frontera con Grecia; las pintadas que delimitaban las casas que ocupaban los solicitantes de asilo en Middlesbrough, Inglaterra, facilitando así ataques xenófobos; el cobro y la confiscación de bienes en Alemania, Suiza o Dinamarca; la desaparición de al menos 10.000 menores en territorio europeo a manos de las redes de trata o las violencias basadas en el género a mujeres y niñas, sin que la UE haya actuado para prevenirlo ni para atender ambas situaciones; el cierre de fronteras con vallas de alambrado por parte de Austria y Hungría; y otros muchas acciones que contrastan con las movilizaciones ciudadanas a favor de los derechos de la población refugiada y desplazada, así como con el respaldo mayoritario de la ciudadanía europea a que su país ayude a esta población, según refleja el último Eurobarómetro, publicado la semana pasada (con una media del 65% a favor del apoyo).
Por ello, cabe exigir a la Unión Europea y a los Gobiernos de los Estados miembros la mejora en los programas de reasentamiento, la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países y la concesión de visados humanitarios. Así mismo, exigimos vías seguras y aperturas de fronteras para toda persona que huya de su lugar de origen como consecuencia de un conflicto bélico o por causas económicas, políticas, sociales o medioambientales.
Por todo esto es urgente que desde la ciudadanía nos movilicemos y exijamos a Europa que reciba a los refugiados con dignidad. Desde muchos sectores y rincones de la UE venimos denunciando la enorme gravedad de esta situación. No actuar con urgencia, humanidad y responsabilidad nos lleva a un callejón sin salida, al colapso como humanidad. Nunca antes fue tan evidente la debilidad del proyecto europeo. La obscena preeminencia de los intereses económicos y políticos sobre los derechos humanos supone una gravísima violación de derechos humanos. Ni la legislación europea, ni sus instituciones están a la altura de los complejos retos a los que nos enfrentamos. Ahora, más que nunca, deben primar los valores fundacionales de la Unión Europea y la defensa a ultranza de los derechos humanos. No hacerlo sería volver a infames errores del pasado.
En definitiva, en estos momentos solo cabe exigir y defender la protección de las personas y la garantía del disfrute efectivo de sus derechos humanos, que pasan ineludiblemente por el cumplimiento de la normativa internacional en materia de asilo.
