Nadie, ni individual ni colectivamente, dispone de la propiedad de masa alguna de agua. Hay, eso sí, una gran excepción: la cuestión previa a toda planificación que nos remite a la protección del medio ambiente y la conservación de la naturaleza. Es un mandamiento a cumplir porque el agua es esencial en el mantenimiento de la vida dentro del respeto máximo que se exige en su uso en mérito a la conservación del medio. El agua sí que está sometida a esta ´propiedad´ pero, después, no tiene más propietario que el conjunto de los ciudadanos. Su distribución no tiene que ver con la solidaridad sino con la eficacia, la equidad y el respeto al medio natural. Cualquier política de cualquier Gobierno debe responder a este principio. No son cuestión de solidaridad y sí de eficacia y equidad los asuntos del agua.