El pasado 16 de febrero se cumplió el 80 aniversario del triunfo en las urnas del Frente Popular. A iniciativa del Partido Comunista, se constituyó una amplísima coalición que iba desde el centro republicano hasta los anarquistas, pasando por socialistas y comunistas. Se trataba de una conjunción de demócratas que se marcaron como objetivo recuperar las reformas democráticas y sociales que el gobierno de la derecha había interrumpido en 1933.

Salvando las enormes distancias sociales, históricas y políticas de ese período con respecto al actual, ahora nos encontramos de nuevo con la necesidad perentoria de que las fuerzas progresistas converjan para defender los derechos sociales y políticos de la gente, restableciendo aquellos que la derecha gobernante ha cercenado en estos últimos años. Efectivamente, las carencias democráticas del régimen del 78 y las tendencias fuertemente neoliberales que el capitalismo asienta en sus territorios han conformado una suerte de pinza en este país que aboca a las clases populares a una situación dramática.

Evitar esto es lo que empujó a Alberto Garzón, hace unos días, a reunir en torno a una mesa a PSOE, Podemos, IU-UP y Compromís, a fin de que de ese encuentro saliera un programa de gobierno que permitiera acometer el cambio que se precisa. Lamentablemente, la dirección socialista ha escogido la versión posible en España de la gran coalición, es decir, la alianza con la derecha no putrefacta (Ciudadanos) a fin de asentar el sistema neoliberal remozando algunos aspectos institucionales, ya agotados, de esta democracia restringida.

Estamos en un momento decisivo de la historia de este país e incluso de Europa, pues se ha llegado a un punto de inflexión a partir del cual sólo hay dos caminos posibles: bien el de la austeridad y la merma de derechos, bien el de la recuperación del mundo del trabajo y la profundización de la democracia. Y lo cierto es que de esa mesa a cuatro convocada por Garzón para perfilar esa suerte de Frente Popular 3.0, una de las partes se ha levantado para irse a otra mesa, la que han montado el Íbex35 y la oligarquía para cerrar el paso a cualquier atisbo de transformación social, consolidando la degradación de las condiciones de vida y trabajo de la gente. Y si en esta última mesa no está el PP es, sencillamente, porque apesta y no hay quien se siente a su lado: la corrupción lo consume día a día y contamina a quien se le acerque. A la gran coalición española le falta una pata porque está carcomida.

Por consiguiente, la alianza de PSOE y Ciudadanos no es un acuerdo coyuntural abocado al fracaso tras el fiasco de la investidura de Sánchez; es un pacto de naturaleza estratégica que tiene como finalidad esencial vencer a la izquierda e insertar plenamente a un sistema que se pretende renovar(el del 78)dentro de la dinámica neoliberal más ortodoxa. Prueba de lo cual es que el acuerdo tiene dos soportes fundamentales: primero, la reducción (aún más) de los salarios minorando los costes para el empresario en las indemnizaciones por despido, bonificando fiscalmente los bajos salarios y, en definitiva, como han afirmado los sindicatos, ´plasmando un sucedáneo del contrato único de Ciudadanos´ en el texto consensuado; y segundo, el mantenimiento de las políticas de austeridad en los aspectos del salario indirecto (educación, sanidad, dependencia, servicios sociales).

En mi opinión, la respuesta de la izquierda debiera ser la de avanzar en la confluencia, es decir, en la construcción de ese Frente Popular del siglo XXI, de manera que si se produjera una convocatoria de elecciones para el próximo 26 de junio (que considero inevitable), las fuerzas progresistas irrumpan con fuerza en el Parlamento que de esos comicios surja y levanten un muro de contención frente a ese Pacto del Íbex al que, desgraciadamente, parece haberse adscrito definitivamente el PSOE que, desconcertado y profundamente desestabilizado por su incómoda inserción en la gran coalición, anda como pollo sin cabeza sin saber adónde va y para qué va.