En el mismo día en el que un Pleno de la Asamblea Regional, el voto conjunto de PP, Cs y PSOE rechazaba una Moción de Podemos para instar al Gobierno de España al cierre del Centro Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera. En el mismo día en el que los ministros de Interior de la Unión Europea fueron incapaces de llegar a acuerdos conjuntos para dar acogida a 200.000 refugiados sirios que huyen de una guerra cruel y a quienes solamente se les ofrece ahogarse en las aguas o helarse en las fronteras comunitarias. En el mismo día en el que barcos de la OTAN inician «la misión contra los traficantes de migrantes» mientras que su Secretario General asegura que esto no implica «la militarización de la crisis de los refugiados». En un mismo día (25 de febrero de 2016) se encajaron las piezas de un puzzle que sin ninguna duda hemos de calificar como de «guerra contra la inmigración y los refugiados», denominación propuesta por el catedrático de derecho de la Universidad de Valencia Javier de Lucas.

Tras más de veinte años estudiando la cuestión de la inmigración como investigador en sociología, si algo he aprendido es lo mucho que está en juego en el trato que demos a esos Otros que tratan de cruzar nuestras fronteras en la búsqueda de supervivencia. Por supuesto los derechos humanos. Pero también, y este es el argumento que utilicé en mi defensa de la necesidad de un posicionamiento político de la Asamblea Regional murciana para el cierre del CIE de Sangonera, la calidad de nuestras democracias. Mantener una política de migración contraria a los derechos humanos degrada nuestra democracia, la marchita. Y lo estamos viendo hoy cómo se acrecienta su crisis de legitimidad en la medida que ha convertido el Mediterráneo en un sarcófago de desesperados o en la medida que permite que los refugiados de la guerra siria se ahoguen en las aguas fronterizas. Mantener una infraestructura como los CIE que encarcela a personas inocentes degrada nuestra democracia. ¡Señorías, la calidad de una democracia se mide por la forma de tratar al Otro y los CIES hablan muy mal de nuestra democracia!

Formalmente, un CIE es un «centro público no penitenciario» que solamente limita «la libertad deambulatoria» de los internos. Sin embargo, esto plantea varios problemas irresolubles.

El primero, desde el punto de vista de su estructura material lo cierto es se trata de un centro penitenciario hasta el último rincón de su arquitectura: muros, rejas, alambradas con concertinas, cámaras de vigilancia, celdas colectivas, motines, fugas.

El segundo, a los internos no solamente se les priva de la libertad de movimiento, en la práctica otros derechos se ven conculcados, tales como (véase las denuncias de entidades como Jueces para la Democracia o Convivir Sin Racismo) la protección de su salud física y mental, la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, a la información comprensible sobre su situación, a la intimidad o a la privacidad de las comunicaciones. La vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ha sido motivo de denuncias muy serias en el CIE de Barranco Seco (Canarias), entre otros.

Y el tercero, en el nombre de qué legitimidad se les puede privar del derecho a la libertad de movimientos a personas que no han cometido ningún delito (pues no disponer de la documentación en regla para residir o entrar en territorio español es una falta administrativa pero no un delito).

En el Parlamento valenciano, el pasado 14 de octubre, el Partido Socialista, junto con Compromís y Podemos, votó a favor del cierre del CIE de Zapadores. Está claro que el modelo valenciano no solamente sirve de referencia de lo que debería ser un Gobierno del cambio, sino que además también da lecciones de lo que es defender los derechos humanos de la gente inmigrante. Pero es que el 2 de julio de 2015, el Parlament de Cataluña aprobó instar al Gobierno de Rajoy a que proceda a cerrar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, en Barcelona. Y contó con el voto a favor del Partido Socialista. Sinceramente, señorías socialistas del PSRM, no podemos entender que lo que sirve en Valencia y en Cataluña no sirva para Murcia.

Hay alternativas. No estamos condenados a sostener ninguna guerra contra los inmigrantes. Les podemos proporcionar ´pasajes seguros´ para que no mueran ahogados en la mar o sean víctimas de las mafias. Tampoco es cierto que la legislación europea „la Directiva 2008/115/CE„ obligue a que existan los CIE. No tenemos porque encerrarlos y privarles de sus derechos elementales. Existen alternativas: pisos tutelados, retención del pasaporte o presentación periódica ante la autoridad.

Decía un admirado sociólogo alemán, Ulrich Beck, que las ciencias sociales estaban cegadas por lo que llamaba ´nacionalismo metodológico´, según el cual los sociólogos eran incapaces de analizar los problemas sociales más allá del prima impuesto por el ombligo de las fronteras nacionales. Esta misma ceguera es la que uno aprecia en la política europea (y murciana), un nacionalismo metodológico en nombre del cual se sacrifican los derechos de los inmigrantes y refugiados.