La revisión del sistema de financiación autonómica es una de las tareas más urgentes que debe abordar el Gobierno de España, aunque la situación de inestabilidad política no ayuda a clarificar cuándo se podrá empezar a trabajar en un nuevo modelo que ponga fin a la situación de marginación que la Región de Murcia arrastra desde hace años. Un sistema que tuvo en 2009 un punto de inflexión y que ha condenado, desde entonces, a la Región a recibir sólo el 90% del coste de los servicios públicos esenciales, teniendo que asumir con fondos regionales el 10% restante, para el jefe de los socialistas murcianos en ese momento y hoy diputado nacional Pedro Saura, a la Región le había tocado la lotería en este reparto.

El Gobierno regional reclamó sin éxito que el Gobierno de la nación actualizara la variable de población, el verdadero lastre de los fondos participativos que llegaban de Madrid. La petición, lejos de ser atendida por el PSOE, que por cierto tenía como representante de sus intereses en la Región al actual responsable de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar, derivó en un sistema de financiación mucho más perjudicial para los murcianos. Las cifras hablan por sí solas: no es solo el hecho de que cada murciano reciba 153 euros menos por año que la media nacional; además, según las balanzas fiscales publicadas por el Ministerio de Hacienda, solo la Comunidad Valenciana, con un índice de financiación de 89,7 puntos, supera a la Región de Murcia (92,5 puntos) como la Comunidad Autónoma peor tratada, lo que se traduce en un déficit estructural acumulado de mil millones de euros respecto a otras Comunidades.

A pesar de la falta de apoyo económico, el Gobierno de la Región ha sido capaz en los años más duros de la crisis de mantener a pulmón la prestación de servicios básicos como la sanidad, la educación y la política social, lo que ha sido posible gracias a los esfuerzos de rigor presupuestario y en el gasto público de los Ejecutivos regionales del PP. Frente al castigo socialista, el Gobierno de Mariano Rajoy ha habilitado medios para sostener la situación financiera de las Comunidades Autónomas a través de instrumentos como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que ha dotado de la liquidez necesaria a la Comunidad Autónoma en tiempos de escasez de ingresos públicos, o el Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores, que además ha contribuido a mantener miles de empleos entre pequeñas y medianas empresas: ambos fondos han supuesto una inyección de más de 90.000 millones de euros entre los años 2012 y 2014. La última inyección económica ha sido la aportación de 254 millones de euros extra de financiación para este año 2016, junto con la voluntad reiterada de revisar un sistema injusto y asimétrico que perjudica enormemente a nuestra Región.

El rigor del PP para abordar este asunto contrasta con la actitud del PSOE y su líder Pedro Sánchez, que, guiado por la ambición de su investidura, puede convertir en un mercadeo la nueva regulación del marco de financiación autonómica, lo que supondría un nuevo castigo socialista a los intereses de los murcianos. Desde el PP defendemos que el reparto del dinero debe basarse en criterios claros y objetivos, sencillos y transparentes, y no sujetos a la coyuntura económica, bajo un sistema que permita prestar los servicios públicos esenciales del Estado del Bienestar de forma estable, creciente y adaptado, por supuesto, a la evolución de la población.

De esta manera, afianzaríamos la solidaridad y la igualdad del acceso a los servicios sociales básicos y una financiación suficiente. El nuevo sistema debe además compensar de alguna manera a aquellas Comunidades Autónomas, como la nuestra, que están infrafinanciadas. Nuestro presidente, Pedro Antonio Sánchez, tiene claro que va a continuar reclamando de forma enérgica ante el Gobierno que se forme y sea del color que sea, un sistema justo y equilibrado que no castigue a unas regiones y premie a otras, que no castigue a unos ciudadanos y premie a otros. Porque no se trata de aliarse ni alinearse con nadie, sino de defender los derechos e intereses de los murcianos.