Tenía yo doce años cuando, por primera vez, oí hablar de cambio climático y cuarenta y tantos más han tenido que pasar para que los Gobiernos empiecen a reaccionar. Con el Mar Menor nos ha pasado lo mismo a pesar del deterioro palpable que ha sufrido desde la década de los setenta y la constante advertencia de los científicos y asociaciones ecologistas.

Nada ha impedido seguir presionando y sobreexplotando su entorno, no han existido límites a la hora de aprobar nuevas urbanizaciones, de construir puertos, ampliar los ya existentes o de transformar unas hectáreas más de campo tradicional, y en esto todos tenemos una parte de responsabilidad activa o pasiva.

La gestión de estas actuaciones ha estado en manos de políticos con una visión miope del desarrollo, en la que solo ha primado el dinero fácil e inmediato, gobernando en favor de minorías y a costa del interés general.

No ha habido, ni hay, voluntad política para dar una respuesta inmediata a la situación actual, aunque sí para acometer proyectos urbanísticos e infraestructuras, pasando por encima de la ley, por lo que, en ninguno de los casos, se han visto libres de cuestionamiento e incluso, de investigación judicial. Sin embargo, no se ha hecho nada respecto a la regeneración de la laguna, ni siquiera lo más elemental a lo que se venía obligado por la Comunidad Europea (aprobación de los planes de gestión de los espacios naturales protegidos) y que, si nadie lo evita, nos costará una fuerte sanción.

Aún así, nuestro Gobierno regional no ha entendido nada y a día de hoy continúa con el mismo modelo de desarrollo depredador. A pesar de haber tenido la excepcional oportunidad de invertir una parte de los 45 millones de euros con que está dotada la ITI del Mar Menor en la regeneración de la laguna, tiene previsto continuar invirtiendo en actuaciones más que cuestionables y sin ningún respaldo científico. ¿Que va a ser de los puertos deportivos, los paseos marítimos flanqueados de palmeras y los taxis acuáticos si el Mar Menor pierde todo su atractivo?

En cierta ocasión alguien dijo: «Los políticos hablan; los líderes actúan». A la vista está que el Gobierno de esta Región carece de líderes con capacidad y voluntad para afrontar el reto que se les plantea, lo que ha provocado una reacción ciudadana con pocos antecedentes en nuestra historia. Pacto por el Mar Menor, una plataforma social integrada por científicos, profesionales, empresarios, ciudadanos y organizaciones de toda índole, ha decidido tomar la iniciativa tanto tiempo retrasada y obligar a la Administración a hacer su trabajo. El mes de diciembre pasado cumplió con sus primeros objetivos reuniendo a los mejores científicos que diagnosticaron los problemas de la laguna y sus soluciones, por un lado, y por otro, aglutinar a los partidos políticos en torno a un pacto para llevarlas a efecto.

Ahora queda garantizar que los compromisos adquiridos se cumplen y se adoptan las medidas de urgencia precisas para evitar los peores pronósticos.

El 18 de febrero se aprobó, con veintidós votos a favor y veinte en contra, una moción en el pleno de la Asamblea Regional con el fin de dotar de contenido y medios a la Oficina Técnica del Mar Menor. El resultado de esta votación es esperanzador porque confirma el compromiso de la mayoría de las formaciones políticas y puede aclarar bastante quién se descuelga del mismo y sigue actuando de espaldas y contra la voluntad de los murcianos.

Los grandes logros de la humanidad en materia de derechos civiles y protección del patrimonio se han conseguido, sólo, a través de la movilización y la presión social. En este caso no será distinto y por eso se ha convocado, el sábado 21 de febrero, una marcha y concentración, a las diez de la mañana, en la desembocadura de la Rambla del Albujón para pedir una actuación urgente sobre su continuo vertido de aguas cargadas de nutrientes a la laguna y la aplicación de unas mínimas medidas para revertir el proceso de eutrofización que se está iniciando.

Los murcianos somos doblemente afortunados no sólo por tener playa; además, tenemos dos mares, el Menor y el Mayor y el primero es, seguramente, nuestra mejor seña de identidad, una joya del medioambiente dotada con varias figuras de protección por su incuestionable valor. También somos afortunados por la iniciativa ciudadana y política surgida que, seguro, impedirá su perdición y garantizará la conservación de este patrimonio para futuras generaciones y medio de subsistencia de miles de personas.