Estos tiempos convulsos e históricos que nos abre los ojos ampliamente y nos dilatan las pupilas por los nuevos e inesperados cambios sociales y políticos traen consigo ciertas consideraciones políticas inexplicables para el sentido común de millones de españoles.

El aforamiento es, a mi juicio, uno más de los pecados capitales que ha nacido a la par de una joven democracia, sensibilizada por el destierro de la dictadura y el advenimiento de una ilusión necesaria para la convivencia. Sin embargo, cerca de 20.000 personas disfrutan de una condición jurídica distinta del resto de los ciudadanos, aunque lo más ofensivo resulta que sea en el ámbito político donde se disfruta con mayor jocosidad, al ser juzgado por el Tribunal Supremo en la mayoría de casos. La mayor parte de los españoles se encuentran perplejos ante una situación de defensión legal, conferida por los mismos políticos cuando son imputados por cualquier delito.

Existe, por tanto, una égida distinta de los políticos que contradice el espíritu constitucional de una igualdad absoluta de los ciudadanos ante la ley. No es tema baladí; cualquier persona se indigna ante tal circunstancia. ¿Alguien puede pensar que el señor Gómez de la Serna se niega a dejar su escaño del PP y pasar al Grupo Mixto por su vocación política y no por su aforamiento? Son estas situaciones las que provocan un desánimo colectivo y un alejamiento de la política de muchos españoles, quienes sienten una ingente iniquidad por parte del colectivo político. En este sentido, indigna saber que personajes como el señor Rato, el señor Pujol y otros tantos se pasean tranquilamente por la calle, esbozando una sonrisa sarcástica, indigna a cualquier ser humano.

Lo extraordinario de este derecho de los políticos es que España ha llegado a ser pionera y única a nivel internacional, pues apenas existen ciudadanos aforados en democracias ya consolidadas: Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal, etc.

La duda que nos asalta a muchos españoles, hartos de que los avispados piensen que la ciudadanía es ingenua y cretina, es si habrá pronto un cambio premonitorio en el Derecho Penal que inicie una rápida modificación del mismo.

Es sabido que la corrupción se ha convertido en un verdadero problema social, el cual preocupa a los ciudadanos y está destruyendo nuestra democracia a pasos agigantados, pero nos encontramos en el momento idóneo de modificar aquello que indebidamente nos separa de los intocables y todopoderosos políticos. No obstante, en estas circunstancias de promesas de tantos partidos, habrá un acuerdo unánime por parte de los grupos parlamentarios de propiciar una rápida modificación legal para sentirse ciudadanos que son juzgados del mismo modo que sus conciudadanos, sin pertenecer a casta alguna.

En el caso de que no se actúe con celeridad, muchos españoles seguirán preguntándose: ¿uno quiere ser político para estar aforado por si pierde la honradez en algún instante?