Recientemente la consejera de educación recibió a Ciudadanos para el progreso. Queríamos transmitirle nuestra visión sobre los asuntos que atañen a su consejería, nuestra preocupación sobre cómo se gestiona la educación en Murcia y, por supuesto, ofrecer nuestra colaboración para mejorar el curso de las cosas.

Tuvimos lo que la insufrible jerga pedagógica denomina una ´tertulia dialógica´, es decir, estuvimos hablando. El tono de la conversación fue afable y claro por ambas partes.

Por parte nuestra asistió un empresario cuyo ámbito profesional está bastante lejos del mundo educativo. Y es que los liberales pensamos, así se lo dijimos a la consejera, que la educación es un servicio que se presta a los ciudadanos y que son esos mismos ciudadanos quienes pagan, vía impuestos, hasta el último euro que se gasta en la educación pública. Por eso, sin ser ´expertos´ en educación, nos sentimos autorizados a hablar€ tan autorizados como para hablar con el arquitecto sobre cómo quiero mi casa, aunque no he estudiado arquitectura, pero es que la pago y soy yo quien va a vivir en ella. Lo mismo con la educación. No queremos que supuestos ´expertos´ o ´técnicos´ secuestren un ámbito tan importante y, con nuestro dinero, eduquen a nuestros hijos según sus ideas u ocurrencias.

El sistema educativo ha de buscar la instrucción de los alumnos y dejar libertad en aquellos asuntos que legítimamente son objeto de diversidad de perspectivas u opiniones. Queremos que en los centros escolares se transmitan a nuestros hijos conocimientos, no que se les adoctrine. Pensamos que es la familia el ámbito en que han de transmitirse los valores, los modos en que cada uno entiende el sentido o el sinsentido del mundo y de la vida. Cuando la escuela entra en ese terreno, tiende a uniformar la sociedad, a imponer unos valores frente a otros. Y el problema no es que se impongan estos o aquellos valores. El problema es que se imponen, porque esa es la vía del totalitarismo.

Entendemos también que la administración educativa no ha de ser una excepción a la hora de rendir cuentas de su gestión. Mostramos nuestro acuerdo en que se publiquen los resultados de las evaluaciones externas. En ese sentido, señalamos dos aspectos que han de mejorarse. En primer lugar, el Isec (índice socioeconómico cultural) modifica los resultados atendiendo a las expectativas, de modo que si un centro del que cabe esperar una media de sobresaliente (en función del Isec) obtiene sólo un notable, se dice que su rendimiento es negativo y, paralelamente, un centro del que cabe esperar un desastre absoluto obtiene una media de 3 sobre 10, se dice que es maravilloso. Y no lo discutimos, esos son datos muy interesantes para ver cómo funciona el sistema. Está bien que se publiquen. Tan bien como que se publiquen los resultados antes del Isec y que sean los ciudadanos, los usuarios del sistema educativo, los que pagan, los padres, quienes decidan, según los criterios que cada uno considere oportunos, qué centro quieren para sus hijos. Esto es fijarse no sólo en el sistema (que es lo que se hace con la publicación maquillada por el Isec), sino también en las personas (que es lo que pedimos desde Ciudadanos para el progreso). Por otra parte, el valor de referencia no es una escala de 0 a 10, sino que los valores se mueven en la horquilla donde el punto medio es el 500 (omito el modo de obtención) pero que ¡varía cada curso! con lo cual un centro que haya obtenido la misma puntuación en dos años distintos puede estar en situaciones totalmente diferentes, incluso puede mejorar pero obtener peor puntuación, y la inversa. De ahí que pidamos que se valore con una escala fija de curso a curso, para no confundir ni a los centros ni a los padres.

La cuestión del modo en que se ha gestionado la implantación de la Lomce en Murcia también salió a relucir. Se subrayó que en otras comunidades, con la misma Lomce, no se ha vulnerado tanto la autonomía de los centros, no se han hecho unas normas tan dirigistas, tan burocráticas, estériles y agobiantes. El malestar que tal enfoque ha provocado entre los profesores es muy grande e, incidentalmente, se señaló que sólo un sindicato (el de profesores de instituto, el SPES) ha protestado y planteado alternativas. Los demás, o bien no sabían de qué va esto o bien están en otras cosas (como modificar el acuerdo de interinos o fabricar camisetas multicolores de un tallaje superior, que vamos cogiendo volumen). A la luz del modo en que se ha gestionado esta misma cuestión en otras comunidades, solicitamos que se eliminara de raíz ese modo de proceder y que se dejara a cada profesor elegir el modo de valorar si sus alumnos han adquirido los estándares.