A la hora de acometer un análisis de los resultados de las recientes elecciones generales del 20 de diciembre, creo que dos aspectos resaltan sobre los demás de manera palmaria, si bien no son los más comentados y valorados, en la medida que se diluyen en las especulaciones sobre hipotéticas alianzas y movimientos tácticos de los principales partidos a la hora de abordar las relaciones entre sí. Me refiero, en primer lugar, a una cuestión sangrante y profundamente perturbadora que invalida la naturaleza democrática de nuestro sistema político.

Efectivamente, en este país todos los votos no valen igual. Padecemos una suerte de sufragio censitario, sistema electoral vigente en muchos países europeos hasta el siglo XIX, en función del cual sólo podían votar aquellos ciudadanos con determinado nivel económico y/o educativo, los cuales se inscribían previamente en un censo muy restringido. En España podemos votar todos y todas, pero si tu voto va dirigido a Izquierda Unida vale hasta ocho veces menos que el que se canaliza hacia el Partido Popular. Es decir, la ley electoral garantiza al bipartidismo (y también a los partidos nacionalistas) una especie de censo excluyente que otorga a sus votantes unos privilegios del que están apartados los demás. Casi un millón de ciudadanos van a estar representados en el Parlamento por tan sólo dos diputados de Unidad Popular-IU, mientras que otra fuerza política con poco más de 300.000 votos tiene hasta seis. La reforma de la ley electoral es una urgencia democrática inexcusable. No podremos hablar de democracia en este país mientras persista situación tan injusta y arbitraria, que distorsiona, hasta hacerlo irreconocible, el concepto mismo de sufragio universal.

El otro tema nos remite a la diferencia existente entre el hecho de que las fuerzas rupturistas acudan juntas a las elecciones o lo hagan por separado. En este sentido, los únicos resultados realmente positivos en estas elecciones los han obtenido las confluencias de izquierda que se han dado en Cataluña, Galicia y, en menor medida, Valencia. Cataluña y Galicia han aportado 18 diputados a las organizaciones del cambio que, de manera sorprendente, se atribuyen a Podemos, a pesar de que en esas coaliciones está no sólo esta organización, sino IU, las mareas gallegas o la entidad que dirige Ada Colau. Podemos, en sentido estricto, ha obtenido 42 diputados, algo más de tres millones de votos, mientras que IU, con casi un millón, tiene tan sólo dos representantes. El dato que hace pensar es que, de haber ido juntos ambos partidos políticos, incluyendo también a los colectivos sociales que se han sumado en Galicia o Cataluña, estaríamos hablando de 14 diputados más empujando hacia el cambio político (ahora disponen de 71 diputados, y en este esquema unitario habrían obtenido, al menos, 85), colocándose por encima del PSOE en cuanto a número de votos (casi 600.000 más).

Y aquí está el quid de la cuestión: sólo si la izquierda superaba al PSOE, podría haberse planteado su acceso al gobierno al colocar al partido de Pedro Sánchez en la tesitura de tener que escoger entre aquélla y Rajoy. Por consiguiente, Podemos necesita a IU y a otros colectivos para el 'sorpasso' al PSOE, el cual se hubiera producido si los esquemas de Galicia y Cataluña se hubieran extendido al resto del Estado. Por consiguiente, tanto Podemos como Unidad Popular-IU han de reflexionar sobre el camino a seguir, particularmente si en breve se repiten las elecciones.

Creo que Podemos debiera abandonar su viaje al 'centro' y los fichajes estrella de carácter controvertido para apostar por la unidad popular en torno a propuestas inequívocamente de cambio y transformación social.

Por su parte, IU ha de profundizar la refundación iniciada por Alberto Garzón, abandonando definitivamente viejos hábitos y prácticas. Podemos, IU y otros colectivos han de pensar en la gente, mirarse en el espejo de las confluencias gallega y catalana y hacer posible, esta vez sí, el asalto a los cielos. Si no lo hacen así, pueden quedarse estancados en el limbo.