Tres años después de intentar cambiar la ley a través de la Iniciativa Legislativa Popular, ILP, que el PP bloqueo con su mayoría absoluta, y más de seis años después de autotutelar nuestros derechos a diario parando desahucios, realojando familias a través de la Obra Social, arrancando daciones y alquileres sociales a la banca, volvemos al escenario estatal. Las elecciones generales abren la posibilidad de una nueva correlación de fuerzas que permita superar la complicidad de la banca y las suministradoras con los Gobiernos del PP y el PSOE. Complicidad que ha ocasionado leyes injustas, estafas, desahucios y cortes de suministros.
Ante este nuevo escenario, y con la reciente victoria de la ILP catalana, hoy ley 24/2015 en Cataluña, en septiembre lanzamos una campaña para conquistar el derecho a la vivienda, la campaña Exigencias Platafirma de Afectados por las Hipotecas, PAH. A través de ésta interpelamos a todos los partidos que concurren a la carrera hacia la Moncloa, exigiendo un compromiso público y explícito con medidas de mínimos para garantizar el derecho a la vivienda y poner fin a los desahucios y la pobreza energética.
Nos planteamos la campaña a varios niveles, y nos dirigimos en primer lugar a los Ayuntamientos: la administración más cercana y desbordada por la emergencia habitacional. En pocas semanas hemos entrado en más de cien Ayuntamientos de todo el Estado, consiguiendo que insten al futuro Gobierno a legislar las demandas de la PAH. Pero no nos quedamos ahí, como siempre a la PAH nos gusta superarnos, y en dos semanas introducimos en trece Parlamentos Autonómicos propuestas legislativas para abordar la emergencia habitacional, siguiendo el espíritu de la ley 24/2015 aprobada en el Parlament de Cataluña: ley que ya recoge mecanismos para garantizar el Derecho a la Vivienda. Hablamos de una ley que no tiene precedentes en la historia de España, seguida así mismo de las movilizaciones más intensas de la última década.
En la Región de Murcia, donde se ejecutan una media de ocho desahucios al día, según datos del CGPJ, que además en la segunda donde más crecen las ejecuciones hipotecarias, según datos del INE del pasado día 3, las PAHs fuimos a la Asamblea Regional el día 7 de octubre, armados con la ley catalana en la mano. Nos entrevistamos con los cuatro grupos políticos con representación: PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, y les planteamos que dicha ley había sido votada por unanimidad en Cataluña, es decir que PP, PSOE y Ciudadanos votaron a favor, Podemos aún no estaba en el Parlament. Les hicimos ver que las familias murcianas con problemas carecían de las herramientas de defensa de las ellos mismos que habían dotado a las familias catalanas con dificultades con la repetida ley. Que eso chocaba frontalmente con su discurso de que todos los españoles son iguales y tienen los mismos derechos, y les exigimos la aprobación inmediata de una ley igual para nuestra región. Nos advirtieron de que el techo competencial de nuestra autonomía es inferior al de Cataluña, y les exigimos la aprobación de una ley murciana que llegase lo más lejos posible dentro de lo que estatutariamente se pueda alcanzar; los cuatro se comprometieron a ello.
Posteriormente, mantuvimos una reunión conjunta con diputados de los cuatro grupos y algunos de sus asesores jurídicos, para tratar de un borrador elaborado por PSOE y Podemos; aquí, salvo el PP, que quería primero conocer la opinión de la consejería de Fomento, volvieron a dar su conformidad, destacando la aprobación jurídica del proyecto por parte de los abogados presentes (Podemos y Ciudadanos).
A día de hoy, 536 desahucios después, o lo que es igual 67 días a una media de ocho al día, PSOE y Podemos ya han dado forma para poder registrar el borrador inicial, y seguimos sin respuesta del PP, cuyo consejero Bernabé sí dispuso de tiempo el pasado viernes 4 para organizar una absurda jornada sobre mediación hipotecaria, en lugar de dar su aprobación definitiva a la ley. Para él y su partido, la aprobación de una ley que pueda evitar alguno de los ocho desahucios diarios o garantice los suministros básicos a las familias murcianas, o el realojo de las familias desahuciadas no, Bernabé y su partido prefieren contentar a la banca y a las suministradoras de agua, luz y gas en Murcia, porque en Cataluña su partido sí votó a favor de una ley mucho más ambiciosa.
A nivel estatal, la PAH exige cinco condiciones a los partidos:
1. Dación en pago retroactiva, para cancelar la injusta deuda pendiente de las familias desahuciadas.
2. Alquiler asequible, que no supere el 25% de los ingresos de la unidad familiar.
3. Stop Desahucios, para que nadie más se vea en la calle por no poder hacer frente a su hipoteca o a su alquiler, también reforma de la LAU, para equilibrarla devolviendo derechos a los inquilinos.
4. Creación de un parque de vivienda social capaz de satisfacer las necesidades de la ciudadanía.
5. Garantía de los suministros básicos que son inherentes al derecho a una vida digna.
La PAH invita a todo el mundo a revisar los distintos programas electorales, y a no votar a los partidos que no incluyan las cinco reivindicaciones imprescindibles para garantizar el derecho a la vivienda en nuestro país.
