Servicios Sociales

Carta al Tercer Sector o la historia de un enredo

"Se está intranquilizando a esas entidades para ponernos de malos malísimos, el pérfido ´tripartito´ que quiere nada menos que perjudicar a los que cuidan de tan sensible material humano en nuestra Región. Pues es todo mentira"

29.11.2015 | 04:00
Consuelo Cano, Diputada Socialista en la Asamblea Regional

En la Región de Murcia han aparecido, con el paso del tiempo, diversas asociaciones surgidas al albur, en algunas ocasiones, de las propias iniciativas de sus fundadores al ver que la Administración no disponía de medios para atender sus necesidades. Otras surgieron movidas por vocaciones y actitudes ante la vida. Todo ese conglomerado se agrupa hoy en torno a una etiqueta, un nombre: el Tercer Sector.
La Comunidad Autónoma, en el devenir de sus años de gestión, ha perfeccionado un tipo concreto de relaciones con esas empresas y entidades mediante modelos contractuales que provenían de la Ley de Contratos. El encorsetado y exigente marco de la ley básica estatal no ha dado un adecuado amparo a las organizaciones sin estructura societaria que trafican de ordinario en el mercado de los servicios sociales. Prueba de ello es que la Unión Europea, no hace mucho, dirigió a los Estados una directiva que permitía cierta flexibilización en materia de relaciones a las Administraciones públicas y sus proveedoras de servicios sociales. En el fondo de esa medida está la afirmación de que en esa materia es muy complejo organizar el mercado europeo, habida cuenta la diversa forma de entender y armonizar las relaciones sociales y la cultura más íntima de los distintos países que componen la Unión.

En la Administración regional, las asperezas que fueron produciéndose entre el Gobierno Valcárcel y los altos funcionarios que velan porque se pague por lo que se contrata, o los que vigilan que se contrate de acuerdo con las leyes, derivó en una ruptura que pagó el reciente Gobierno de Pedro Antonio Sánchez. Movidos por ese problema, se sacaron un Decreto-Ley de la manga, quiero pensar que con la intención de arreglar el entuerto.

Pero como todo lo que sale de la manga suele ser magia e ilusión, no les dio la prisa por terminar el artefacto con una batería de medidas de desarrollo de aquel Decreto, de modo que hubiese sido posible que el invento funcionara rápidamente para dotar a las entidades del Tercer Sector de unas relaciones estables, ciertas y legales.

Nosotros, los de la oposición, al ver aquel Decreto-Ley, que trataba de las relaciones entre las empresas que suelen atender a los ancianos en residencias, a discapacitados, drogodependientes o inmigrantes, pensamos en darle la importancia que un tema como ese realmente tiene.
Estoy segura de que todos nos aprestamos con ilusión a ello. Movidos por nuestras mejores intenciones pedimos que aquella norma que convalidamos lealmente volviera a la Asamblea en forma de Proyecto de Ley con la sana intención de mejorar aquel „permítanme„ ´decretito´. Eso hicimos y así se aprobó un paquete de enmiendas hechas por PSOE, Ciudadanos y Podemos. Insisto, todos con la mejor voluntad. Tan es así, que hasta el PP votó a favor una de nuestras enmiendas. Nuestro objetivo fue dar garantías a la sociedad, a los usuarios, y también a las entidades. Garantías para todos.

Sé que se está contando al Tercer Sector que nuestra actuación ha retrasado la regularización de muchos contratos que abocan a su final al acabar el año, que ahora a ver cómo se hace para que la cosa continúe con normalidad; en fin, intranquilizando a esas entidades para ponernos de malos malísimos, el pérfido ´tripartito´ que quiere nada menos que perjudicar a los que cuidan de tan sensible material humano en nuestra Región.

Pues es todo mentira: no nos corresponde hacer a nosotros el reglamento de desarrollo; es más, no existe ese documento. No lo hicieron en agosto para el desarrollo del Decreto Ley, aunque bien podrían haberlo hecho a la vez, y se habría activado mediante una orden de Consejería. Con ese desarrollo se habrían llevado a cabo todos los conciertos y convenios pendientes.
Tampoco lo han entregado a estas alturas en las instituciones de control de la Administración para desarrollar la ley que hemos aprobado.
Pero es más, si hubiesen dispuesto de un reglamento, o intenciones de hacerlo para arreglar de forma rápida los problemas que tenían, habrían incorporado en las enmiendas una disposición para retrasar la entrada en vigor de la nueva ley hasta que se hubiese completado el trámite consultivo.

Y no, no se tarda un año en poner en marcha los controles del Consejo Económico y Social y del Consejo Jurídico. Estoy segura de que para este asunto se darían toda la prisa del mundo, porque ellos también tienen familiares en residencias y sufren como todos las desgracias que la vida trae. ¡Pero, cómo se van a pronunciar si no tienen ni un papel!

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