Algunos ayuntamientos, como los de Cartagena y Madrid, han tenido la ocurrencia de crear páginas web para desmentir informaciones difundidas por los medios de comunicación. Evidentemente, esto tiene un coste para los ciudadanos que solo puede ser considerado como un derroche de fondos públicos, porque se renuncia a utilizar el derecho de rectificación, si es que ha habido una información falsa, que es gratuito. Pero hay algo más grave en el comportamiento de unos alcaldes como los de las ciudades mencionadas: no creen en la libertad de prensa, uno de los valores más importantes de un sistema democrático. Pretender que las informaciones que emanan de una institución pública como es un ayuntamiento se ofrezcan desde una única visión, que es la del político que está al frente de estas corporaciones, nos retrotrae a otras épocas que han sido felizmente superadas. Hay canales suficientes en un sistema democrático y libre para responder a informaciones que se consideren que perjudican al político de turno y la primera de ellas es la argumentación.
