El secretario general de UGT , Antonio Jiménez, vocal del Consejo de la Transparencia, hizo público un comunicado, días pasados, en el que, una vez más, denunciaba la publicación realizada por la Comunidad de los sueldos y los nombres de los funcionarios de la Administración regional manifestando que «no tuvo en consideración el conjunto de la Ley de Transparencia, no respetó el procedimiento al no arbitrarse una fase de comunicación previa, y supuso un exceso de información de tipo personal sin relevancia alguna», solicitando por todo ello que en el proceso actual de revisión de esta Ley de la Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia se incorporen estos criterios «para evitar prácticas indeseables que pudiesen surgir de una información inadecuada».

Y comparto plenamente los criterios del secretario general de UGT, porque nadie entendió en su momento la publicación de esos datos que no tienen que ver nada con la transparencia, porque al ciudadano no le interesa lo que gana un funconario público que ha entrado por oposición en la Administración, y que gana lo reconocido en su categoría. Al ciudadano lo que le interesa es conocer de qué forma y manera se infla la Administración pública gracias al clientelismo político que lleva a convertir ésta en una agencia de colocación para aquellos próximos al partido que gobierna que se quedaron descolgados de otros cargos y otras prebendas y a los que han que resituar para reconocerles los servicios anteriormente prestados. Eso es lo que interesa al ciudadano, que se indigna lógicamente cuando conoce que en una consejería, pongamos por caso Sanidad, hay múltiples asesores que no tienen ni repajolera idea del mundo sanitario porque carecen de cualquier titulación que se le aproxime. Algunos de ellos, exalcaldes que han salido tarifando de sus respectivos Ayuntamientos ¿tienen capacidad para aconsejar sobre la mejor forma de funcionar de esa consejería?

Pues esos son los nombres y los sueldos que el ciudadano quiere conocer. La publicación de la larga lista de asesores de todo pelaje que atesoran las distintas consejerías del Gobierno regional de Murcia, con los sueldos que percibe cada uno de ellos, es lo que tendría mucho que ver con la transparencia de una sociedad: el sainete realizado con la lista de los funcionarios es para hacérselo mirar, cuando las distintas consejerías están invadidas por extraños personajes que pululan por los pasillos de las mismas sin un cometido determinado pero con sueldos importantes. Y así nos encontramos con que la consejería de Educación «ha incrementado en más de un 35% el número de asesores educativos, a los que además ha cambiado el nombre por el de 'técnicos docentes', con la idea de despistarnos», según el informe hecho publico por el secretario de Comunicación del PSOE, Emilio Ivars, quien ha señalado que la Comunidad ha pasado de tener 51 asesores de este tipo en el curso 2013 a 69 en el presente curso, «aumentando un 35% sus asesores educativos» desde 2013 mientras 'precariza' el trabajo docente.

Y es que mientras Educación aumenta el número de asesores, más de una quinta parte del personal es interino, porque el Gobierno regional ha pasado, en tres cursos escolares de más de un 13% de interinidad a casi un 22%; es decir, dos de cada nueve docentes tiene un empleo temporal, cuando hace tres cursos esa cifra era dos de cada quince. Y si como muestra vale un botón nos quedamos con el ejemplo sangrante del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, donde más del 40% de los docentes tiene un contrato de Interinidad y más del 27% tiene contratos a tiempo parcial. Pero mientras, el número de asesores continúa incrementándose y se vierte tinta de calamar con la publicación de los sueldos de los funcionarios. Qué cosas.