Los consejeros de Educación de las distintas autonomías se las prometían muy felices al creer que el mapa autonómico de titulaciones universitarias iba a ser cosa fácil de planificar y ejecutar. Y encima, algunos, como el de Castilla y León, el de la Comunidad de Madrid o Extremadura, han echado más leña al fuego, afirmando en varios actos de apertura del curso académico de sus universidades que este «mapa descarrilará si no participa el mundo local». Para muchos consejeros de Educación, este mundo localista son las autoridades locales y provinciales, a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias, y también lo son los agentes sociales. Claro que si la universidad, sus estudios, van a pasar a depender de la opinión de alcaldes, presidentes de diputaciones y demás grandes de la región, vamos muy apañados.
En este sentido, y ampliando el abanico de los opinantes, es de esperar que los partidos políticos y otras instituciones deberían también decir algo al respecto. Y con ellos, ya tendríamos formado el pastiche de debate sobre el mapa de titulaciones, localista y regional. Y habría que hacerlo cada dos o cuatro años, según vengan las elecciones municipales, autonómicas o generales. Decisiones que serán muy inestables y caducas, pues las alcaldías, diputaciones y cortes cambian notablemente, más ahora con esta vorágine de cambios sociopolíticos en la España autonómica.
O sea, que se elaborarán de forma bianual o cuatrienal, títulos y planes de estudio de las universidades públicas y privadas, para así recibir especiales regalos de los agentes locales. Suponemos que cada uno tirará para su casa (léase pueblo o provincia), y ganarán los que tengan más poder político y social.
Una cosa es no dar soluciones cocinadas para que evitar protestas y enfados desde cada universidad y ciudad, como advierten varios consejeros, y otra, elaborar el mapa de la titulaciones. El hecho de que la universidad tenga que estar pegada a la evolución social en cada provincia, no debe hacernos caer en el error de hace años: un campus universitario en cada ciudad; un mapa de titulaciones y grados en cada provincia y en cada villa o pueblo grande.
Por cierto, se ve en las intenciones de varios consejeros de Educación -y por ende de sus presidentes autonómicos- un tufillo de barrer para casa, comparándolas, por ejemplo, con las de la presidenta de Madrid, Cifuentes. Esta también habla del mapa titulaciones y de buscar anuencias, pero no nombra al ayuntamiento de Madrid ni a su alcaldesa Carmena para consensuar ese ´mapa´. O sea, que cada uno tiene sus debilidades políticas, porque en la comunidad andaluza y en Castilla y León -y en otras varias- ocurre lo mismo.
Siguen empeñados algunos consejeros de Educación, y el propio secretario de Estado del ramo, Marcial Marín -y el partido gobernante, PP- en que la universidad es una fábrica de empleabilidad vinculada al mundo laboral. En el último Foro Universidad y Sociedad de la CRUE (Conferencia de Rectores), celebrado el pasado mes de septiembre en la Universidad de Murcia, Marín anunció en la clausura que «se está ultimando en el ministerio de Educación un mapa del empleo, para que se sepa, entre otros temas, qué carreras tienen mayores salidas profesionales».
Pero, aunque «una de las aportaciones de las universidades a la sociedad es la generación de trabajadores cualificados para el tejido productivo», eso no quiere decir que, como insinúan Marcial Marín y el Gobierno del PP, «tengamos que ajustar exclusivamente la formación universitaria con las necesidades del mercado».
Si la universidad se dedica más a la empleabilidad pura y dura, a crear grados ad hoc, al dictado de las peticiones (más bien exigencias) de las administraciones locales, de la gran empresa o de las escuelas de negocio y fundaciones, según la demanda neoliberal económica, entonces dónde quedan los valores de educación, investigación y sociabilidad.
Naturalmente que hay que considerar el desarrollo económico de cada zona, pero no solo pensando en el curro. Se supone que existen ya otro tipo de empleos, autónomos, fábricas y empresas de servicios en cada provincia, en las que las titulaciones o grados universitarios no son tan necesarios, aunque sí los estudios básicos y la FP. Otra cuestión es fomentar la estrecha vinculación que deberá existir con el mundo empresarial en el apoyo al I+D+i que se desarrolle en las universidades.
Es muy necesaria una reflexión, entre todos, sobre el modelo de universidad pública que queremos. Pero mucho nos tememos que algunas universidades, muchas públicas entre ellas, están ya potenciando un gran impulso de los valores educativos con intereses económicos e ideológicos neoliberales. Hay una tendencia a la ´sumisión asfixiante´ hacia los organismos financieros nacionales, europeos e internacionales, y a los imperativos sociopolíticos de los distintos gobiernos autonómicos. Estamos en contra del mercantilismo en la educación universitaria, y rechazamos el low cost educativo. Puesto que está muy claro el valor social de la universidad pública y su función primordial, ¿no será esta, fundamentalmente, dar la mejor formación posible a los estudiantes?
Nuestros esfuerzos educativos deberían estar orientados, más bien, a crear, educar y formar a sus alumnos y titulados, en impulsos de ideas innovadoras, creativas, y fomentar la industria educativa y sociocultural. O sea, fomentar un ecosistema de innovación abierta al servicio del aprendizaje, la investigación y la creatividad.
En fin, todas las opiniones y ayudas sean bienvenidas, pero debe primar la de la propia universidad pública y la de sus expertos de educación superior. Estar atentos a las voces y dictados de los mercados laborales, sí; pero nunca ser serviles de ellos.
