lgunos catalanes no nos quieren. Por esa razón, y tal como ya se preveía, esta semana el Parlamento catalán ha aprobado la propuesta de resolución independentista que anuncia el deseo de comenzar la 'desconexión' de España y 'proclama solemnemente' el inicio de la construcción de una república catalana. Dicha declaración salió adelante por 72 votos a favor (Junts pel Sí y la CUP) y 63 en contra (Ciutadans, PSC, Catalunya Sí que es Pot y PP). En un problema de ineptitud matemática, los grupos proindependentistas justificaron la propuesta basándose en 'una demanda social mayoritaria', legitimada según ellos por las elecciones del 27 de septiembre en que curiosamente no se vio esa mayoría por ningún lado. En todo caso, visto que dichas elecciones se presentaron como si fuera un plebiscito, todo lo contrario. Esto demuestra que estos grupos políticos son inmunes a la realidad. Intentarán alcanzar su objetivo aunque para ello tengan que masacrar social y políticamente a la otra mitad de Cataluña.

Además de proclamar esta 'independencia', estos grupos han abogado también por desobedecer a las instituciones españolas (empezando por el Tribunal Constitucional) y han instado a la Generalitat a cumplir solo las leyes emanadas de la Cámara autonómica. Esto, sin embargo, no es ninguna novedad. Algunos dirigentes de Podemos e incluso la propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en un arranque de lo que han dado en llamar 'insumisión democrática', ya habían declarado en alguna que otra ocasión que 'desobedecerían todas aquellas leyes que les parecieran injustas'. A pesar de que este tipo de declaraciones puedan parecer a priori algo intrascendente pueden, sin embargo, llegar a inducir a procesos de ruptura o enfrentamiento social. En países tan o más democráticos que el nuestro, este tipo de actitudes y este tipo de declaraciones terminan en la cárcel o en un sitio peor. Y terminan ahí porque en esos países no quieren que suceda lo que sucedió y lo que está sucediendo en el nuestro.

Si un gobernante no cumple las leyes, nadie tiene por qué cumplirlas, porque lo que para uno es injusto para otro no lo es, y cumplir la ley quedaría a criterio de cada cual, algo que podría conducir al aniquilamiento como sociedad. Si, además, el Estado no es capaz de poner freno a ese tipo de políticos con inclinaciones dictatoriales, transmite al resto de la sociedad que todo está legitimado. Nadie, por consiguiente, podría multarme por ir a 140 km/h por la autovía, ya que yo siempre he considerado que es absolutamente injusto. Tampoco se podría multar a quien se negase a atender a inmigrantes sin papeles, porque alguien podría considerarlo injusto, ni se podría multar por rotular en español, ni se podría obligar a hablar en catalán en las instituciones catalanas, ni se podría obligar a nadie a pagar impuestos. Para bien o para mal, las leyes regulan el funcionamiento de una sociedad. Si un grupo político no está de acuerdo con una ley debe modificarla según los mecanismos establecidos, no incumplirla. Incumplirla es lo que hacen los golpistas y los dictadores.

Como decía al principio, algunos catalanes no nos quieres. Y algunos españoles ya no quieren a los catalanes. Esto hace una década no sucedía. Junqueras, Artur Mas y todos los independentistas han jugado (se les ha dejado jugar) a un juego muy peligroso, con el que se ha puesto en peligro al Estado y se ha enfrentado a la población (hermanos, primos, amigos) innecesariamente. Esto mismo lo escribí hace ocho años. Ahora ya estamos aquí, en un punto donde cualquier proceso resultará absolutamente traumático.