En las pasadas elecciones autonómicas, muchos votantes del PP le retiraron su apoyo y se abstuvieron o votaron a otros, especialmente a Ciudadanos. Las consecuencias políticas de la situación en la que ha quedado el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez son tan graves para la Región que el bloqueo de los presupuestos de 2016 privaría a miles de murcianos, especialmente a los más desfavorecidos, de las ayudas directas y de la mejora en los servicios públicos contempladas en ellos. Es lo que sucede cuando se asume la idea absurda de que «es mejor -más democrático- que no haya mayorías absolutas» y se da la llave de la gobernabilidad a partidos, como Ciudadanos, que carecen del sentido de la responsabilidad necesario para participar en un Gobierno regional y que basan toda su estrategia en el puro cálculo electoral.
La repetición de esta situación a escala nacional después del 20-D comprometería la respuesta política al secesionismo catalán y, por tanto, la recuperación económica, es decir: la viabilidad de España como nación y como potencia económica. Quien piense que «no pasa nada», o que se debe respetar el «derecho a decidir» de los catalanes, que imagine cómo nos iría al resto de los españoles, especialmente a los más desfavorecidos, en una situación en la que España perdiera el 20% de su PIB, que es lo que representa Cataluña. Eso sin contar con las consecuencias indirectas de ese empobrecimiento sobre las inversiones, el déficit público, la deuda, los salarios y, finalmente, sobre la calidad y extensión de los servicios públicos. Si el default de Grecia, que representa sólo el 2% del PIB europeo, hizo tambalearse a la UE, ¿qué podría suceder en España si perdiéramos el 20% del nuestro?
Más temprano que tarde, los ciudadanos deberán tomar conciencia de que sólo un Gobierno del Partido Popular puede tener la fuerza necesaria para enfrentarse a esta situación excepcional, pues ningún otro partido puede aspirar a obtener una mayoría absoluta el 20-D. Un Gobierno en minoría del PP, o una coalición o acuerdos de gobierno entre partidos minoritarios, serán siempre soluciones débiles e inestables en las que la identificación del interés general y la subordinación a él de los intereses partidistas se harán tanto más improbables cuantas más sean las fuerzas políticas involucradas en la gobernación o más alejadas ideológicamente se hallen. La propaganda de los partidos que no pueden aspirar a una mayoría absoluta, especialmente Ciudadanos y PSOE, consiste en trivializar los riesgos de estas situaciones de gobiernos débiles o de coaliciones, difundiendo tópicos sobre la ´democracia´, el ´diálogo´ y el ´consenso´ para ocultar una regla política básica: que ningún diálogo puede por sí mismo conducir a acuerdos, si no existe ya de antemano un acuerdo fundamental acerca de ciertas cuestiones que no están sujetas a discusión.
En nuestra situación excepcional, la cuestión sobre la que no hay acuerdo es la relativa a la existencia y la unidad de la nación española y su soberanía en todo el territorio del Estado. Esta cuestión separa, por un lado, a PP, Ciudadanos y UPyD, y, por otro, a PSOE, Podemos e IU. Por eso, la pregunta que todo ciudadano debería hacerse, antes de votar a una opción presumiblemente minoritaria, es: dadas las opuestas posiciones de los partidos ante esta cuestión ¿con quién podrá ponerse de acuerdo, sin traicionar mis convicciones, este partido al que estoy pensando votar?
Es incomprensible que sean pocos los ciudadanos que desean «la gran coalición» PP-PSOE y que, al mismo tiempo, sean muchos los que desean la coalición entre Ciudadanos y PSOE, cuando las respuestas de estos dos partidos al soberanismo catalán son diametralmente opuestas. Pues la solución ´federalista´ del PSOE, como la de Podemos, supone la fragmentación ´legal´ de una nación española que se tiene por ´discutible´, inexistente o forzada, en ´pueblos´ o ´naciones´ supuestamente preexistentes, unos pueblos o naciones que, acto seguido, por medio de referendos soberanos, volverían a unirse libremente en una federación, ejercitando de facto la soberanía que, de iure, corresponde sólo a la nación española. Esta ´solución´ consiste, pues, en ´legalizar´, vía reforma de la Constitución, el golpe de estado que los nacionalistas pretenden dar de cualquier forma. Esto no es nada nuevo en la trayectoria del PSOE, si recordamos los planteamientos de Zapatero-Maragall acerca del Estatut y el descrédito en el que los socialistas sumieron a la sentencia del Tribunal Constitucional al respecto. Pero es rigurosamente incompatible con el planteamiento de Ciudadanos. Sin embargo, la charlatanería telegénica de Albert Rivera, que tiene soluciones para todo, no sólo no ha excluido un posible pacto con el PSOE, como exigiría la coherencia, sino que lo ha llegado a insinuar (sin excluir tampoco a Podemos), lo que, de hacerse realidad, convertiría en pura palabrería todas sus enfáticas declaraciones sobre la unidad de España.
Quienes están pensando votar (otra vez) a Ciudadanos deben saber, pues, que su voto puede acabar finalmente en un débil e inestable Gobierno en minoría de Ciudadanos o de PSOE, o incluso en un gobierno PSOE-Ciudadanos-Podemos. Y esto no sólo en la Moncloa, sino también en San Esteban, previa moción de censura contra Pedro Antonio. ¿Es esto lo que se quiere?
