Aviados iríamos si no respetáramos las decisiones judiciales, aunque otra cosa es que, por obligación, habríamos de compartirlas. Es el caso de la declaración de la Fiscalía respecto a la entrada del AVE a Murcia. La determinación de un defecto formal impide la realización de lo que es el fondo de la cuestión, pues si lo que se desautoriza es la bondad de lo que es parte (y provisión) de un proyecto final que cuenta con el amparo de una DIA, estamos protegiendo la letra de la norma y despreciando su espíritu. La Justicia tiene estas cosas, como cuando se invalida un proceso cuyo asunto está claro, clarísimo, por razón de haber obtenido pruebas de forma irregular o fuera de plazo. Con los debidos respetos, esto del AVE es toda una faena a la Región.
