Somos muy dados a movernos en los extremos, parece como si nos fuera en ello la vida y en poco tiempo damos giros de 180 grados. Es lo que ha ocurrido con la ley regional de la transparencia. De no ser públicos, como lo eran en los países de nuestro entorno, los ingresos y patrimonio de los cargos políticos, hemos pasado, no solo a ser preceptivo por ley como es lógico en un sistema democrático, sino a difundir los sueldos y datos personales de todos y cada uno de los funcionarios y empleados públicos de la administración regional. No sólo se da a conocer la nómina de un conserje o un auxiliar administrativo, sino que se informa además si tiene carné de conducir o si dispone de conocimientos de idiomas. Y esto puede entrar en colisión con la ley de protección de datos personales como ha advertido ya la Agencia Española de Protección de Datos. Nos cuesta demasiado encontrar el equilibrio. Somos demasiado dados a ser más papistas que el papa, lo que lleva a generar conflictos innecesarios si se estudian y asientan mejor los proyectos de ley que se elaboran. Es preferible menos leyes y más eficaces.
