Nos escandalizamos por la corrupción política sin echar cuentas sobre el coste del fraude para la sociedad. Ni siquiera en los casos de quiebra de las cajas de ahorros existen cálculos sobre el impacto que la gestión de sus directivos ha tenido en la economía y en la vida de las personas que se han quedado en la estacada. Sabemos que solo el último envío de Bruselas para reflotar las entidades nos cuesta unos 40.000 millones, pero no sabemos cuánta gente perdió su trabajo, su casa y sus proyectos por culpa del agujero negro que lo ha engullido todo. Ahora, para acorralar a los defensores del soterramiento, nos dicen que el retraso del AVE tendría un impacto de unos 70 millones en la economía regional y costaría varios miles de empleos. Pero los números son un arma de doble filo, porque lo inmediato es preguntarse cuánto dinero y cuántos empleos se perdió en los 20 años de retraso que lleva la modernización del tren. Y ya puestos, ¿quién tiene la culpa?
