Palabras

Exclusión social

11.10.2015 | 04:00
Pedro Guerrero Ruiz

El VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, que realiza la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) opina que la crisis no es causa, sino consecuencia del modelo social en el que vivimos conociendo que la austeridad no es precisamente neutral en términos distributivos si pensamos en consonancia con el buque insignia del proyecto de nuestras vidas, el crecimiento.
Lo que ha entrado en crisis es el proyecto de vida en común, el modelo actual ha constatado su fracaso, pero habrá que regularizar la vida en sociedad, el sistema de equilibrio que remoralice la cultura cívica, las políticas distributivas, las condiciones de vida de acuerdo con la distribución de la renta. Y ello porque la fractura social se ensancha, y se intensifica la exclusión social en España. Hace falta un nuevo modelo social que pueda hacer frente a estas situaciones que sufre nuestra sociedad de pobreza y exclusión cada vez de mayor calado social.

Al mismo tiempo, Cáritas ha publicado el informe de este año, en el que se pone de manifiesto que ya no se puede decir que es el empleo el que únicamente puede alejar a la población a esa tendencia severa de pobreza, de hambre, de exclusión. Y lo demuestra porque entre sus facultades de ayudar a familias, esta organización sabe que en muchas de ellas que acude a sus comedores trabaja alguno de sus miembros, y sin embargo están también con ese problema social. Ya no es sólo la precariedad. Estamos hablando de trabajadores pobres, ya que más de la mitad de las personas que atendió la organización vive en hogares donde alguno de los miembros trabaja, lo que confirma que tener un empleo ya no es protección suficiente para evitar la pobreza.

Si desde los años 60 el empleo ha sido el mecanismo de inserción social, hoy por sí mismo no está siendo suficiente y son necesarias políticas de protección social. Esta es la opinión, no sólo de Cáritas, sino también de la Fundación FOESSA. Las realidades que evidencian los datos de Cáritas es que la pobreza está dispersa, que la crisis ha afectado a personas que partían de situaciones económicas muy diferentes, y a sus centros de acogida y atención acuden hoy personas procedentes de barrios muy distintos. De hecho, el 62% de las personas atendidas en 2014 viven en barrios o zonas en buenas condiciones. Los responsables de la organización precisan que un tercio de quienes solicitan su ayuda están en situación de pobreza moderada, una cuarta parte padece pobreza severa, y el 42% restante, aunque no son pobres en términos estadísticos, se encuentran en situación de precariedad o vulnerabilidad social. Y el 60% de los hogares atendidos había acudido previamente a los servicios sociales públicos en busca de ayuda.

En este sentido, Cáritas pide como máxima prioridad políticas de protección social, salud, empleo, vivienda, inmigración y cooperación internacional. Estamos hablando, por tanto, de fortalecer los sistemas públicos de protección social así como de impulsar los valores cívicos para construir un nuevo modelo de sociedad. Los altos niveles de desigualdad salarial, la limitada capacidad redistributiva del sistema impositivo y un sistema de prestaciones reducido actúa en los sectores y hogares afectados, abriéndose con las situaciones de pobreza nuevas brechas. En estos momentos la población excluida en España asciende ya al 25% y afecta a más de 11.746.000 personas. De ellas, cinco millones se encuentran en exclusión severa. Además, hay que tener en cuenta que dos de cada tres personas excluidas ya estaban en esta situación antes de la crisis.

La Fundación FOESSA ha querido que el VII Informe pusiera sobre la mesa un repertorio de propuestas dirigidas al conjunto de la sociedad, de los poderes públicos y de los agentes sociales y económicos, que permitan atajar las causas estructurales de la exclusión social en España. Estas propuestas se concretan orientadas al ámbito del desarrollo social, al de los efectos de la pobreza y al de la construcción del bien común. Para ello es necesario considerar los indicadores de desigualdad, pobreza, exclusión social y privación material como indicadores privilegiados que permitan un diagnóstico riguroso de desarrollo social y evaluar la acción política a la vista del impacto que tiene sobre estos indicadores, con especial atención a las que contribuyen al auténtico desarrollo: sanidad, educación, empleo, redistribución de la riqueza y garantía de ingresos; conseguir que la protección social alcance estándares básicos en todo el territorio y que se haga operativa a través de un sistema de ´garantía de mínimos´; desarrollar una protección social basada en el fortalecimiento de los servicios sociales públicos, que no quede reducida a la mera gestión de las prestaciones económicas y construir un compromiso redistributivo ético que nos acerque a la media europea.

A este respecto, los impuestos no pueden quedar al margen de la obligada cohesión social, ya que no es posible mantener un sistema de servicios públicos equitativo y de calidad sin la aportación de todos los ciudadanos al mismo, cada uno en función de sus ingresos y su patrimonio, considerando también el gasto social como ´inversión social´, dando prioridad a aquellos ámbitos que son más correctores en términos de desigualdad, como sanidad, educación, pensiones y rentas mínimas.

Finalmente se apuesta por eliminar la sobrecarga que recae sobre los hogares, tanto por el debilitamiento de los servicios públicos como por el impacto de la crisis, y desarrollar políticas familiares eficaces y con recursos suficientes que contrarresten, entre otros, el riesgo actual que conlleva la presencia de menores en el hogar, y poner en marcha una política eficaz que evite la transmisión intergeneracional de la pobreza, que es uno de los peligros latentes hoy y de especial gravedad para el futuro.

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