Carta de Ajustes

Corvera: el aval que tiene quien lo pague

08.10.2015 | 23:26
Corvera: el aval que tiene quien lo pague

s estupendo que la Asamblea Regional haya constituido una comisión para investigar el affaire del aeropuerto de Corvera como un todo y como joya destacada, si bien no única, del fervoroso desgobierno al que se ha librado el PP de Valcárcel en sus casi cinco legislaturas, en las que ha disfrutado a tope de la mayoría absoluta que le ha concedido, repetidamente, el voto de los murcianos; y en las que no ha parado de maquinar inventos para exhibirse y, al tiempo, machacarnos. Espero y deseo que esta y otras comisiones no se desvíen de la obligación de sus creadores y constituyentes, que es el juicio sumarísimo sobre esa veintena de años.

Esta comisión es el resultado de dos circunstancias: la existencia de una mayoría parlamentaria que no es del PP desde las elecciones regionales de mayo pasado (pero que depende del voto pendulante, vacilón y en consecuencia inseguro, del grupo de Ciudadanos) y el sonrojante informe del Tribunal de Cuentas, que describe la actuación del Gobierno regional de Valcárcel como, aproximadamente, la propia de unos gamberros que creyeron que podían hacer de su capa un sayo contradiciendo toda ética política y cívica, violando sus propias leyes y apartándose de las condiciones del contrato para regalar a un consorcio privado (y lleno de amiguetes, no lo olvidemos), favores y caudales que no les eran propios sino de la sociedad murciana y del patrimonio de la Comunidad autónoma.

Lo que con el tiempo (y una caña) el Tribunal de Cuentas nos cuenta es lo que sabíamos muchos, por ejemplo, los miembros de la asociación Prolitoral, a los que nos alarmó la clara ilegalidad de la emisión del aval por la consejería de Hacienda, que respaldaba un crédito de doscientos millones de euros para que pudieran terminarse los trabajos de construcción del aeropuerto. Y por eso pedimos en su día que se nos dieran a conocer los contenidos del aval, es decir, los compromisos y garantías expresados en su texto; petición que fue rechazada repetidamente por la consejería de Hacienda y también al persistir nosotros en nuestro loable intento de proteger el común y sus caudales, poniendo al tiempo en evidencia las pifias del Gobierno regional por el Tribunal Superior de Justicia, al que recurrimos creyendo en él pero que, en una sentencia modelo de responsabilidad social y, como hemos visto después, de finura profética nos negó el acceso a ese aval y, ¡oh, detalle de este tribunal como institución pedagógica que siempre ha de ser! nos condenaba en costas. Ya conté en este periódico hace meses que, recogiendo puntual y primorosamente el literal de esa sentencia, la consejería de Hacienda no tardó en hacernos objeto de una demanda por 2.146 euros, que era su valoración de esas costas, correspondiente a los 'honorarios del letrado de la Comunidad'.

Ni que decir tiene que no hemos podido acceder a la elegante reclamación de esa consejería (tan puntillosa con el pequeño como lacaya con el grande) porque nuestra pobreza es tan proverbial como demostrable, y así lo hicimos saber al consejero de la cosa y del momento, señor Martínez Asensio, que se puso muy digno y confirmó que esos 2.146 euros se los debíamos a la Comunidad «por haber ocupado el tiempo de sus funcionaros» (o así). No sé si es momento de pedir al nuevo consejero de Hacienda, señor Carrillo, que nos comunique que sin mencionar que se siente avergonzado de sus antecesores en el cargo: ni hace falta ni nos lo creeríamos quedamos libres de esa deuda que no nos permite conciliar el sueño desde que Martínez Asensio nos fulminó con sus altas razones: por aquello de que teníamos más razón que un santo y que debiéramos ser nosotros quienes exigiéramos compensación a su consejería por los gastos, percances y cabreos que nos ha ocasionado su histórica negativa a informarnos del ya celebérrimo a la par que canalla, necio y, por supuesto, ilegal expediente del aval.

No es necesario, ya digo, que se nos disculpe nadie, ya que nuestra generosidad es legendaria: ni los consejeros de Hacienda que quisieron ningunearnos ni el actual, que ni siquiera podrá salvar los muebles en este desastre. Nuestra energía está puesta más bien en leer con atención y arrojo las previsiones de los dictámenes (¿o son, realmente, sentencias?) del Tribunal de Cuentas, que creemos nos da pie a exigir que ese aval, o al menos los intereses que nos asfixian esos 22.000 euros diarios de vellón que debemos por la cara bonita de aquellos esforzados consejeros sean pagados por sus maquinadores, por este orden: (1) el eximio y nunca bien ponderado Valcárcel; (2) los tres o cuatro consejeros/as de Hacienda, culpables directos; (3) todos los demás consejeros presentes en los Consejos de Gobierno en los que se decidió y mantuvo el atraco; y (4) los exultantes diputados regionales que votaron tan histórico y dadivoso obsequio.
Lo mismo deberá hacer la comisión de la Asamblea Regional a la que venimos aludiendo (de la que esperamos invitación a participar en sus sesiones), y si Ciudadanos opta por salvar a los del PP, que no es descartable, que sean los partidos de la izquierda los que se decidan a hacer pagar, por una vez, a los culpables.

(También me gustaría, para qué voy a ocultarlo, que se obligase a compartir el pago de lo que se nos sisa cada día a algún periodista y a muchos empresarios, de esos que han jaleado los disparates de los años de Valcárcel: bocazas entusiasmados en proyectos descomunales, innecesarios y como el frente crítico, siempre atento pese a minoritario, ha demostrado conflictivos tirando a imposibles. En particular, todos esos que se creen en tierra y tiempo de ricos, promoviendo dos aeropuertos para Murcia y tres puertos para Cartagena, merecen que, por fin, se les ate en corto y se les pida cuentas.)

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