Con motivo de la apertura del curso universitario, celebrada esta semana en la Universidad de Murcia para celebrar sus cien años de existencia, se ha reunido en la capital una gran parte de rectores de las universidades españolas, que han aprovechado la ocasión para debatir sobre «el valor social de la Universidad» en un foro organizado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Como es lógico, en esta jornada de trabajo, los máximos representantes de las distintas universidades han puesto sobre la mesa todas las circunstancias que en la actualidad afectan al funcionamiento de la institución universitaria: docencia, investigación, transferencia de conocimiento, en definitiva, la función de la Universidad y, cómo no, la financiación de las universidades como principal preocupación en estos momentos.
Pues bien, a esto último, a la financiación universitaria, vamos a dedicar el breve espacio de atención del que disponemos.
La Universidad, a pesar de estar inserta en la sociedad y de estar presente, por tanto, en la vida de la misma, es una gran desconocida y, a veces, se tiene una visión negativa e inexacta de que se trata, simplemente, de centros de educación superior que consumen dinero del erario público que no revierte de forma correcta en la sociedad. Pues bien, esto en ningún modo se ajusta a su auténtica realidad. Al menos, en el caso de nuestras universidades públicas, la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, los recursos económicos muy escasos en los últimos años, desde siempre se han utilizado de manera muy rigurosa y eficiente para hacer frente a la complejidad que el funcionamiento universitario ha revestido en los últimos años y atender las demandas cada vez mayores del alumnado, del personal docente e investigador, del personal de administración y servicios de la burocracia administrativa y de la propia sociedad, en la que revierte el conocimiento de nuestros egresados y la transferencia del mismo a través de la investigación.
Por tanto, y teniendo en cuenta esto, deberíamos cambiar el concepto de ´consumir recursos´ por el de ´gestionar recursos´.
Precisamente es desde este convencimiento desde el que responsablemente los equipos rectorales y los encargados de aportarles el soporte económico hemos acometido la tarea de asegurar el presente y el futuro inmediato de nuestras universidades. En este sentido, consciente de esta realidad y de que invertir en la Universidad es invertir en el futuro de nuestros ciudadanos, de nuestra Región y de nuestro país posibilitando el avance del conocimiento como materia prima fundamental de esta nueva sociedad cambiante que Zigmunt Bauman llama ´modernidad líquida´ donde nada es estable, el Gobierno regional ha querido generar estabilidad, trazando un extenso plan de financiación plurianual, desde 2016 hasta 2020 que, de forma ambiciosa pero realista, permita a nuestros centros universitarios planificar y cubrir sus necesidades, en varias líneas fundamentales: por un lado, implementar todas las mejoras salariales derivadas de las normas de carácter nacional, así como garantizar los recursos para la promoción del profesorado y la consolidación de jornadas del personal de administración y servicios y poder acometer tareas importantes y necesarias en el ámbito de la responsabilidad social, como es la atención a la diversidad, muy en concreto a la discapacidad.
Así mismo, queda recogida en el plan, en el capítulo de inversiones, la finalización del Campus de la Salud en la Universidad de Murcia y de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Cartagena. Las subvenciones nominativas experimentarán un notable incremento, que se aplicará de forma progresiva hasta 2020. Así, en este capítulo la UMU recibirá 140,6 millones de euros en ese año mientras que la UPCT obtendrá 38,9 millones en ese concepto. Además, este plan incluye un aspecto muy demandado por todos los rectores en el mencionado foro celebrado el día 29 de septiembre: a partir de 2017 se incorpora un proyecto de financiación por objetivos que favorece la productividad y la eficiencia de la docencia y la investigación. En definitiva, en todos los capítulos y hasta 2020, un total de 910 millones de euros.
En lo que se refiere a investigación, hay que añadir además, que se potencia la Fundación Séneca y los grupos de investigación obtendrán más ayudas para proyectos de I+D en todas las áreas de conocimiento.
Estos esfuerzos económicos que acomete el Gobierno regional se orientan en la línea de impulsar la mejora de nuestras universidades públicas, ejes del avance de nuestra Región y que, en definitiva, son las universidades de todos los murcianos.
