Usted es fiscal y le toca en este momento resolver sobre la legalidad o ilegalidad de las obras del Ave en Murcia. Mientras estudia el caso observa que todas las fuerzas vivas de la Región se han puesto en pie en apoyo del Gobierno que pretende su realización inmediata, con el efecto de arrastrar incluso a partidos de la oposición que mantenían hasta ahora una actitud más precautoria. Cabe suponer que esto no le afectará lo más mínimo, pues usted es un profesional que atiende a la letra y al espíritu de la ley, y no se deja enredar por el ruido exterior, tan habitual en los asuntos que tocan a la política. Pero el dato no es irrelevante, pues este movimiento pluricorporativo constituye también, en la práctica, una presión sobre la Justicia. Se dirá que es el resultado indirecto de una reivindicación legítima y que no hay voluntad expresa de echar pulsos a la mano de la ley, pero las circunstancias son las que son. Lo dejo ahí como un apunte insoslayable.
En otros ámbitos es evidente el malestar. Al parecer, no son pocos los profesionales de la abogacía que han contemplado con estupefacción que el Colegio de Murcia se haya apuntado al «Ave Ya» aun a sabiendas de que sobre él pende un posible recurso de la Fiscalía a falta del informe de impacto ambiental que parecería preceptivo. Hay abogados „en redes sociales podían contarse en la mañana de ayer más de veinte„ que juzgan contradictorio que su Colegio Profesional haga oídos sordos a la existencia de este trámite y apoye públicamente una iniciativa que podría tener consecuencias relativas a posible prevaricación.
En ese orden, también llama la atención que siga habiendo políticos que no escarmientan acerca de las posibles incidencias judiciales de impulsar obras cuyo trazado podría cuestionar la Justicia. Se saltan estos ´pequeños inconvenientes´ aupados en la onda de la opinión pública que ellos mismos promueven mediante el infalible recurso del ´bien general´ que toda gran obra pública proyecta: empleo, desarrollo, modernidad... Tal reclamo suele aplacar los reparos, genera ilusiones y pone en cuarentena a los aguafiestas que advierten sobre las necesarias formalidades. Y después vienen las madresmías. Pero, insisto, a pesar del reciente historial de incidencias de ese tipo, no escarmientan.
Y no se pierdan la penúltima perla: el Gobierno, para captar el sí de Ciudadanos y poner en un brete al PSOE, aproxima aún más la literalidad del compromiso de las siguientes fases del soterramiento y pone plazos y presupuesto, acepta prioridades de actuación y prácticamente señala, sobre el papel, que todo será una obra continuada tras la finalización de la puntica soterrada inicial. Estas ´concesiones´ y clarificaciones son especialmente llamativas sobre la fe expresada entre lunes y martes por los colectivos empresariales, profesionales, comerciales y otros etcéteras, que se conformaron con menos.
Y en este sumario de perplejidades debe catalogarse la frase del presidente de la Comunidad: «No permitiré que la Región sufra con el AVE otra ´discriminación histórica´». Pedro Antonio Sánchez es pura inteligencia política y está tratando de crear un imaginario adanista en el que sus tres meses de Gobierno aparezcan atomizados respecto de los veinte anteriores de su partido, el único que por su prolongado ejercicio de poder podría ser el causante de las ´discriminaciones históricas´ que sufre la Región, inluidas las referidas al tren, al Ave y al trazado del Ave.
