El Protocolo para el Soterramiento de las vías en la estación del Carmen firmado en 2006 se corresponde con la aspiración de todas las fuerzas municipales, la intención del Gobierno regional y el propio interés de ADIF, pues dentro de sus planes de actuación encuentra ocasión de obtener los ingresos adicionales con la explotación urbanística de los terrenos adyacentes a las vías del tren. Por demás, España creía ser una nación rica, y la alegría inversora de sus Administraciones públicas así lo confirmaban. Mediados de 2007 nos sorprende con una crisis mundial que desbarató un montón de proyectos, cuando el crédito (ese viento que mueve el dinero) se vino abajo. Comienzan los recortes en España, y en el entretanto de ver cómo lo dispuesto en el Protocolo se pone en práctica de una vez por todas, el Gobierno central, de entre un puñado de reconsideraciones inversoras, estima obligado demorar la terminación de la Variante de Chinchilla a fin de ahorrar treinta millones de nada. Tal acción aventura que el asunto del soterramiento debería esperar.

En efecto, más adelante, en 2011, el secretario de Estado de Fomento propone un ´atajo´ para hacer llegar el AVE a la Región en superficie, y no soterrado, violentando el acuerdo suscrito. Todos en contra, todo el mundo se viene arriba, en especial la Plataforma Pro Soterramiento. También los partidos de izquierda, derecha y los de arriba y abajo, pero algunos enarbolando la particular bandera de lo muy particular como si fuera la de toda una colectividad, como si el objetivo de unos pocos fuera más sustancial que el de todos. Si a esto unimos la oportunidad con que el montón de partidos y coaliciones de nuevo cuño imponen penitencia al Partido Popular por haber cometido el terrible pecado de obtener mayorías absolutas durante veinte años, la Plataforma se ve amparada en sus aspiraciones por todos menos el PP y la sociedad civil, que también cuenta

Al final, esto es, ahora, la cuestión ferroviaria es asunto político, una interesada forma de hacer purgar al Partido Popular su largo pasado de gobernanza. Si esto no fuera así, todos deberían ver las cosas de otra forma, de la manera en que el PP dará solución al asunto, en beneficio de la mayoría y contemplando la aspiración vecinal de la Plataforma, pues, de otro lado, tal aspiración fue refrendada por todos los partidos y coaliciones municipales, si bien la cuestión municipal debe ser matizada, ya que el objeto de la llegada del AVE no es asunto municipal sino regional, de Cartagena, Lorca, Almería (y Albox), etc...

Solicitar (obligar, conminar) al Gobierno la paralización de las obras del AVE es traición a los intereses regionales, una irresponsabilidad de tamaña magnitud y condenar a Murcia y su Región a parte de la miseria que se correspondería con no contar con esta infraestructura. Parar ahora la llegada del AVE es frenar a la Región de Murcia y situarla en desventaja frente a las más de cuarenta ciudades españolas que ya se benefician de esta infraestructura. Y si esto sucede alguien tendrá que responder por causar ese daño.

Apelando a la responsabilidad de todos, esto es lo que se debe hacer. Y se debe hacer porque se puede. Es la propuesta del Partido Popular.

Solicitar (para que nos entendamos, exigir) que en el Proyecto de Construcción del Soterramiento en la ciudad de Murcia, actualmente en redacción, de conformidad con el protocolo de 2006, se contemplen las cuatro fases siguientes:

a) Soterramiento de la playa de vías y ejecución de la Estación de El Carmen.

b) Senda de los Garres.

c) Depresión Nonduermas-Barriomar.

d) Soterramiento en Nonduermas.

Las obras actualmente en marcha han de constituir, en su conjunto, la Primera Fase del Proyecto Integral. Y, a fin de asegurar la feliz terminación de la totalidad de las obras, y como garantía de su fiabilidad, el ayuntamiento de Murcia, la Comunidad Autónoma de la Región y ADIF-Alta Velocidad, incluirán en sus presupuestos del ejercicio 2016 (en función del porcentaje fijado en el Protocolo de 2006) las cantidades siguientes:

ADIF-Alta Velocidad (66%): 35.743.799,90 millones de euros.

Comunidad Autónoma Región de Murcia (26%): 73.844.290,87 millones de euros.

Ayuntamiento de Murcia (8%): 4.259.787,87 millones de euros.

Y, por tanto, no se deberán paralizar las obras actualmente en ejecución, pues constituyen la Primera Fase del Proyecto integral de Soterramiento en la ciudad de Murcia. El importe de las mismas así como las asistencias técnicas y dirección de obra correrán por cuenta de ADIF.

Esto es lo que hay, no hay otra manera oportuna de acometer las cosas. Ningún Gobierno, del color que sea, podría planificar y resolver de otra forma si no es por fases. La que ahora se debe rematar es, sencillamente, la primera del cómputo total. Estar en contra de esta propuesta y lograr su rechazo por cuantas fuerzas políticas lo intenten es incurrir plenamente en irresponsabilidad.

Para terminar, la cuestión que nos ocupa no es cosa de números de manifestantes, de cantidad de pancartas ni de especulaciones acerca de mayorías silenciosas; es cosa de naturaleza objetiva, pues si hemos de resolver de acuerdo al interés general y respetando en tiempo y forma a determinada minoría acreditada, ¿de qué valdrá, sin aporte alguno de solución viable, la oposición inflexible a la planteada? De nada, excepto en demasiada irresponsabilidad.