Desde que la UCAM, apoyada por el Gobierno del PP y en concreto por Valcárcel, inició el negocio de la Facultad de Medicina se sabía que tarde o temprano se haría patente el fraude de aprobarla sin existir garantía de un hospital docente propio. Se confiaba en que el hecho consumado acabaría presionando para obtener recursos sanitarios públicos. Un caso más de parasitismo de lo privado sobre lo público como tantos a los que nos ha acostumbrado el PP en toda España.
El caso era preocupante puesto que no había justificación social para formar más médicos, tal como señaló la Conferencia de Decanos de Medicina. Todo lo contrario, ya sobran médicos y conviene reducir su número. Pero la dinámica empresarial del negocio privado fue adelante y en esa tesitura entra en conflicto con la Facultad de Medicina de la UMU, provocando el plante de la misma en este inicio de curso. Por la Ley General de Sanidad (LGS,1986) mediante los convenios suscritos entre ambas instituciones (Universidades públicas y Servicios de Sanidad de las diferentes Comunidades Autónomas) es la estructura sanitaria pública con acreditación formativa la encargada de la formación práctica de los estudiantes de Medicina de las Facultades públicas.
Estaba cantado el conflicto al querer ocupar la UCAM los mismos hospitales para sus alumnos que los que dispone la UMU según convenio vigente hace ya años. Hasta ahora se habían guardado las formas y las sucesivas consejeras de Sanidad regionales habían hecho gala de cierta neutralidad, pero con Pedro Antonio Sánchez como sucesor de Valcárcel, al nombrar a Encarnación Guillen, profesora de la Facultad de Medicina de la UCAM consejera de Sanidad, tales formas se han roto. Se es juez y parte. Se usa claramente el Servicio Murciano de Salud, SMS, como complemento del negocio de la UCAM, retorciendo la legislación (si hace falta) y entrando en favoritismos y supuestas prevaricaciones para ofrecer el derecho a disponer los hospitales de la región por parte de la UCAM confiando luego en que el sudoku de distribuir los alumnos de una y otra institución en los mismos hospitales acabe cuadrando.
Consideramos inaceptable la pretensión de la empresa privada del señor Mendoza, la Facultad de Medicina de la UCAM, de aprovecharse de la estructura sanitaria pública para obtener un beneficio neto de 800.000 euros (cuando todos los cursos estén implantados) al pagar por cada alumno/hora 0,70 euros y cobrarles 9.000 de matrícula. Nos parece igualmente inaceptable, como ya se dijo, que la consejera de Sanidad, profesora de la Facultad de Medicina de la UCAM, gestione este conflicto como juez y parte.
En este momento de conflicto entre la Facultad de Medicina de la UMU y la de la UCAM, debería abrirse una comisión de investigación en la Asamblea Regional para determinar si hubo comisión de delito al aprobar en su momento, por el Gobierno regional del PP, la puesta en marcha de una Facultad de Medicina privada sin justificación social y sin garantía de disponer de un hospital docente propio acreditado para las prácticas clínicas, cuestión que va más allá de los informes meramente técnicos emitidos en su día por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA.
Además, conviene recordar que los profesionales sanitarios de las instituciones sanitarias públicas pueden verse amparados por las disposiciones legales que arrancan de la Ley General de Sanidad, LGS, y de los convenios públicos, pero nunca por convenios con instituciones privadas con ánimo de lucro.
En el actual conflicto, y mientras se depuran responsabilidades, nos parece necesario que dimita la consejera de Sanidad, por mínima ética, así como que se suspenda el Convenio de Prácticas con la UCAM.
