Soluciones imaginativas

En primer lugar si, como dice el presidente, sólo se subvencionará el precio del agua desalada en el caso de que se paralicen los envíos desde la cabecera del Tajo, la conclusión es clara: sólo (y lo subrayo) los actuales regantes del Trasvase se beneficiarán de esas aguas desaladas ´baratas´, olvidándose de que desde hace más de cinco años hay infinidad de regantes (con pozos sobreexplotados) que vienen aprovechando esas aguas a precios que van desde los cuarenta a los sesenta céntimos el metro cúbico.

¿Debemos entender que estos otros regantes no van a disfrutar de la rebaja anunciada? ¿Es que va a haber regantes de primera y de segunda? No quiero ir más allá, pero dado que las concesiones de esas aguas desaladas todavía no se han otorgado pese a existir multitud de convenios firmados con la sociedad estatal Acuamed, podría darse el caso de que los actuales usuarios de las aguas desaladas pudiesen verse privados de ellas en favor de los regantes del Trasvase, siempre a tenor del contenido del artículo 6 del vigente Decreto de Sequía.

Nunca me cansaré de insistir que en nuestra cuenca, según datos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), existen 100.000 hectáreas escasamente regadas con los 542 Hm3 que son extraídos de pozos la mayor parte de ellos sobreexplotados o salinizados gravemente y cuyos titulares son precisamente los que vienen utilizando aguas desaladas desde hace más de un lustro. Sin embargo, tanto política como mediáticamente sólo parece que en la cuenca exista el Sindicato Central de Regantes Tajo-Segura, cuando no representa más allá del 40% de la totalidad del regadío murciano.

En segundo lugar, si de buscar soluciones imaginativas se trata no tengo inconveniente en volver a proponer como ejemplo la instauración por la Administración central de una tarifa que, en similitud al famoso céntimo sanitario sobre el litro de gasolina y en virtud del principio de unidad de gestión del agua, grave el aprovechamiento de los 37.000 Hm3 que anualmente se vienen consumiendo anualmente en España (datos del pasado año hidrológico), con la diferencia de que dicha tarifa se aplicaría sobre el metro cúbico de agua (mil litros), no sobre el litro de combustible como en el otro caso. De tal forma que de aplicarse sólo 0,0015 euros/m3 se obtendrían 55 millones de euros anuales, algo más de los diez millones condicionalmente prometidos por el Gobierno central. Sería simplemente cuestión de aquilatar cifras y ver hasta dónde se puede llegar una vez que esa medida sea consensuada en el Consejo Nacional del Agua y con la FENACORE (Federación Nacional de Comunidades de Regantes).

Tal medida (al no consistir en una subvención) evitaría además el posible veto de Bruselas por aplicación de la Directiva Marco del Agua de 23 de octubre de 2000, que establece en su articulado el principio de recuperación de costes cuya estricta aplicación impediría, en principio, cualquier tipo de subvención al agua desalada, aunque siempre se olvida de que su artículo 9, si bien es verdad que hace referencia al establecimiento de dicho principio, no lo es menos que también establece excepciones al señalar textualmente en el último párrafo de su apartado primero que «los Estados miembros podrán tener en cuenta los efectos sociales, medioambientales y económicos de la recuperación y las condiciones geográficas y climáticas de la región o regiones afectadas», para más adelante establecer en el apartado cuarto del mismo precepto que «los Estados miembros no incumplirán la presente Directiva si deciden no aplicar las disposiciones del apartado primero».

A mayor abundamiento, el artículo 74.2 del vigente Plan Hidrológico del Segura, establece que «de acuerdo con el artículo 111.3 del Texto Refundido de la Ley de Agua y el artículo 42.4 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, tras analizar las consecuencias sociales, ambientales y económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio, se proponen excepciones a la aplicación del principio de recuperación de costes€». Como podemos observar, estamos ante transposiciones en nuestra legislación de la tan manida Directiva. ¿Por qué, entonces, y como se dice ahora, no nos dejamos ya de postureos?

Porque de eso se trata cuando para resolver a estas alturas un problema de 400 Hm3 (déficit estructural de la cuenca) hacen falta primeramente un Pacto Regional sobre el Agua, posteriormente otro Pacto Nacional para modificar el Plan Hidrológico Nacional, y ahora, por si faltaba alguien, llega González Tovar y propone en Madrid otro pacto entre las ´regiones secas´. El famoso eslogan Agua para Todos tendría que haberse titulado Agua para Tontos puesto que como tales se nos ha tratado a los murcianos tanto por el PP como por el PSOE.

En cualquier caso, debemos darnos prisa porque la situación actual se veía venir y ya ´se nos ha pegado el arroz´. Como ha dejado escrito Montiel en Ángelus, a este paso nos vamos a quedar sin autopista, sin bancal y sin agua para regarlo.

Coda. Mientras escribía estas líneas me llega la noticia de la muerte del eminente jurista Emilio Pérez Pérez, todo un referente en el derecho de aguas. Buen amigo de mi familia, él fue quien hace ya más de treinta años me animó a que optase por una de las becas que sobre derecho de aguas había convocado la consejería de Obras Públicas. Le hice caso y unos años más tarde, en mi toma de posesión como director general de esa misma consejería, ahí estaba Emilio acompañándome con su sonrisa cómplice que todavía recuerdo bien. A él debo gran parte de lo que soy y por eso desde aquí quiero homenajear y dar las gracias a un hombre que muchos han calificado como una buena persona. No, Emilio no sólo era eso, era además un ser humano profundamente bondadoso. Descanse en paz.