stá ese mito o realidad de las avionetas que cuando el cielo se ennubla sobrevuelan nuestro espacio aéreo y por arte de magia las nubes desaparecen. Los mejor pensados sostienen que si existen es para evitar que caiga piedra que estropee las cosechas de turno. Los peores pensados mantienen, sin embargo, que si llueve el negocio de comprar agua puede irse al garete.

Sea lo que fuere y mientras dure la investigación que se practica, lo cierto es que la piratería agrícola, como rezaba una noticia reciente, está llegando a los tribunales españoles. Y no me refiero a esas plantaciones de girasoles, por ejemplo, que morían en los bancales tras cobrar la subvención europea. No, es algo más sofisticado porque afecta a la mismísima propiedad industrial. Resulta que se multiplican, reproducen y venden plantas de variedades protegidas por esa propiedad. Generalmente afecta a los derechos sobre las variedades vegetales protegidas, más que a las patentes sobre plantas transgénicas.

Aquí choca la innovación vía estudio empírico, con lo registrado y protegido por el Estatuto de la Propiedad Industrial, y el uso de material protegido ecológicamente. Una mesa de tres patas que como tal, su equilibrio es inestable. Hasta ahora, los juzgados se habían ocupado de otras infracciones menos vegetarianas que la presente.

Como era la explotación de una marca registrada, cambiando simplemente algún detalle, como Martini o Mari Trini, anís El Mono, por anís El Negro, y qué decir de la ropa, pantalones vaqueros marca Romario, Romano, Rumano etc, Adidas, adididas, o los cocodrilos de Lacoste cuyo tamaño y apertura de la boca del animal variaba escasamente. Eso sí, en cuanto lavabas el niky te enterabas de que no era el auténtico. Los CD, los DVD, las películas, y hasta los libros, son pirateados. Pero ahora resulta que también la explotación de una fresa variedad ´Saborsa´ que estaba protegida por los derechos de propiedad industrial, ha acabado con una sentencia condenatoria de su autor a una pena de seis meses de cárcel y una multa de 2.000 euros.

Menos mal que hay un nuevo proyecto de telematización de la Justicia, cuyo eje es que a partir del próximo primero de enero la comunicación de los órganos judiciales con los ciudadanos sea esencialmente a través de sistemas electrónicos. La finalidad es acabar con esa maldición de tengas pleitos y los ganes. La reducción de los plazos procesales parece ser la clave de la nueva reforma para que en un tiempo razonable se dé respuesta al ciudadano de sus pretensiones jurídicas, aunque el asunto sea de especial complejidad. Y para ello, son tres las vías.

La primera, reducir los mismos e incluso el sistema de recursos sin afectar a la seguridad jurídica y al derecho de garantizar un proceso justo, La segunda: sólo cuando se necesite ampliar el plazo para que la investigación continúe el juez deberá justificarlo por escrito. Y la tercera, que las comunicaciones se hagan vía telemática para acelerar todos estos trámites procesales y de instrucción de las causas.

Magnífico, solo falta que el primero de enero del 2016 estén todos los juzgados y tribunales españoles conectados de forma adecuada telemáticamente entre sí, y con los ciudadanos.