El clientelismo es una práctica habitual dentro de nuestras instituciones, y si bajamos a las más cercanas a la ciudadanía, las municipales, ahí se ha normalizado tanto que se hace muy difícil explicar a los vecinos y vecinas que aún sufriendo las políticas de austeridad, se muestran sumisos a quienes detentan el poder sin más. Sin embargo, también hay vecinos y vecinas „sobre todo vecinas„ de nuestro municipio que muestran resistencia contra quien quiere comprar su voluntad por un plato de lentejas, o dos. Esas personas dignas que hacen lucha de su vida cotidiana porque les va en ello la supervivencia de sus familias, se juegan la piel al ´significarse´. Siguiendo aquello de lo que no se habla no existe, cuando alguien se sale del tiesto en esta ciudad, los poderes públicos se proponen desmantelar ciertas protestas vía la prebenda individual. Pero no siempre tiene efecto.
Ejemplos hay muchos, pero a mí me gusta traer uno que describe muy bien esa forma clientelar de funcionar. Judit, mujevecina de Murcia cuya familia ha sufrido los duros golpes de la crisis desde que comenzó, ya que fueron de los primeros expulsados del mercado laboral y desde entonces deambulan por trabajos hiperprecarios a la vez que por periodos de desempleo, que hacen que siete años después, ni ellos ni sus cuatro hijas puedan creer que el horizonte vaya a cambiar por muchas motos que les vendan. Judit salió a la calle junto a sus vecinos y vecinas y significó el problema de los cortes de agua en Murcia, en 2011, de donde nace un Fondo Social para familias que sufrían los cortes por no tener suficiente capacidad económica, y así poder cubrir una necesidad vital como la de tener agua en su vivienda. Entonces, para desmontar esa lucha colectiva que ella protagonizaba la llamó el Defensor del Pueblo, la concejala de Bienestar Social y los directivos de Emuasa. Hoy de nuevo Judit se pone en pie de lucha porque la gestión privada del agua en nuestra ciudad corta el agua de nuevo a sus vecinas más pobres „algo previsible cuando se trata de un Fondo Social gestionado por una empresa privada (aunque nos vendan que es pública)„. Pero Judit y su familia, que también sufren un procedimiento de ejecución hipotecaria, tras ocupar la oficina bancaria con la PAH, fue llamada por el presidente de la junta de distrito, con el objetivo de desmontar también su protesta. El presidente de la junta le facilitó una dirección de una ´vivienda social´ para que fuera a darle una patada a la puerta, con la promesa de que él luego le formalizaría la documentación necesaria. Una prebenda envenenada, porque de haberlo hecho podría haber incurrido en un delito. Y esto es sólo una muestra más de cómo se las gastan nuestros gobernantes para solucionar los problemas del vecindario.
Hoy que a todos gusta hablar de ´sentido común´, esperemos que el nuevo gobierno del alcalde Ballesta que dice que va a ocuparse de los problemas de la gente, no lo haga en el mismo sentido de quienes le precedieron.
De momento y ante las protestas de trabajadores y trabajadoras de la empresa Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Murcia, el día de la toma de posesión de los ediles, el alcalde se acercó a una trabajadora y para decirle que se iba a ocupar del asunto. Así, se convocó una reunión en la que participaron trabajadoras del comité de empresa y la concejala de Derechos Sociales, Concepción Ruiz Caballero. En esa reunión la concejala preguntó: «¿Qué necesitáis para desconvocar la huelga?».
La respuesta de las trabajadoras fue clara: readmisión de las trabajadoras despedidas; un nuevo pliego de condiciones de contratación donde se incluya una cláusula que ampare al trabajador y otra que remita a la rescisión del contrato cuando la empresa no pague a sus trabajadores (como así dijo en enero que haría la anterior concejala de Bienestar Social, Maruja Pelegrín); cumplimiento del convenio colectivo; y en aras de la transparencia, conocer la situación financiera de la empresa. Parece que la señora Ruiz va a tener una disposición dialogante, pero de momento las trabajadoras han cobrado la última mensualidad en dos partes, la segunda el 13 de junio (y las hipotecas se pagan a principio de mes); no han cobrado la extra de junio según ordena el convenio; las trabajadoras siguen despedidas por haber hecho huelga y están en espera de juicio. Y esto es nada para lo que están sufriendo estos últimos cuatro años.
La Organización Intenacional del Trabajo (OIT) reconoce que el derecho de huelga es uno de los medios legítimos fundamentales de que disponen los trabajadores y sus organizaciones para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales, derecho fundamental reconocido por la Constitución española de 1978.
Para ustedes, señores y señoras ediles que gobiernan, no tiene que ser muy difícil que una empresa que ofrece sus servicios en nombre del Ayuntamiento de Murcia, empiece a comportarse de forma mínimamente digna, sin prebendas, sólo haciendo efectivos los derechos que tan bien evocan en estos últimos tiempos, esos que dan nombre a la nueva concejalía de ´derechos sociales´.
Sabemos que están en ello.
