Ahora que ya aparece despejado el escenario de la gobernabilidad en la mayoría de las Comunidades autónomas, es posible confirmar que Ciudadanos ha sido el gran animador del espectáculo político tras las elecciones del pasado 24 de mayo, aunque la imagen resultante continúe sumida en las sombras de la incertidumbre.

No se puede negar que el partido de Rivera ha sido consecuente con su doctrina, al permitir en todo caso que sea el partido más votado el que asuma el gobierno de las instituciones. Pero por mucho que se empeñe en lo contrario, esa estrategia ha confundido sus principios ideológicos (si es que los tiene realmente), convirtiendo a Ciudadanos en un partido funcional que cuestiona en buena medida el mensaje de regeneración que ha divulgado hasta ahora. Rivera ha preferido interpretar el papel de gran redentor, imponiendo a los partidos tradicionales unas condiciones que sus líderes han aceptado con más resignación que entusiasmo. Pero en ese proceso ha descuidado una realidad que le pasará factura en lo sucesivo.

Rivera parece olvidar que esa realidad es la que precisamente ha otorgado a su partido la posición que hoy ocupa en el panorama político. Relativizar el saldo de veinte años de gestión nefasta, corrupta y absolutista con la imposición de un puñado de obligaciones contingentes, convierte a Ciudadanos más en un partido gendarme que en el promotor del cambio político en el que ha confiado su electorado. Ceder además al rival la responsabilidad de llevar a cabo un programa ajeno, y pretender con ello contribuir a una quimérica metamorfosis, es un riesgo mal calculado que demuestra su escaso conocimiento de cómo funciona la política en un país como España.

La alternativa era bien sencilla: continuidad o cambio. Rivera ha optado por lo primero sin tener en cuenta las experiencias del pasado ni la baza que otorga a los dos grandes partidos para recomponer sus fortalezas desde el poder. Y cuando lo logren, Ciudadanos dejará de ser un partido relevante.

A pocos meses de unas elecciones generales, PP y PSOE saben que el tiempo es un activo muy valioso. Y desde luego, no es lo mismo afrontar ese desafío desde el poder institucional que en la oposición. El control del presupuesto público y, sobre todo, de la comunicación contribuye a reforzar la imagen del partido que ostenta el control, a pesar de que (o precisamente por ello) sus acciones estén tuteladas por los partidos rivales en los diferentes Parlamentos.

Será muy interesante comprobar quien obtendrá mayor provecho de ese nuevo estilo de gobernar impuesto por Ciudadanos al PP en la Región de Murcia, pues al fin y al cabo será el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez el que deba llevar a cabo el programa regenerador del partido de Rivera. Y desde luego, a efectos de imagen no hay duda de que el electorado tenderá a relacionar cualquier beneficio con quien se lo proporciona, y no con quien los motivó con sus sugerencias. ¿Aceptará Miguel Sánchez que el PP acapare el posible éxito de las reformas impuestas por su partido?

Algo parecido sucederá cuando llegue el momento del gatillazo, pues la gestión del fracaso será tan crucial como el provecho del éxito. Y son muchas las incógnitas que planean sobre esta nueva legislatura. Tan difícil y peligroso será para el PP incumplir los innumerables compromisos adquiridos con sus benefactores durante estos últimos veinte años, como para Ciudadanos asumir la imposibilidad de que se lleven a cabo muchas de las condiciones que han impuesto en su acuerdo. ¿Quién cargará con la culpa: un PP que ha renunciado a su programa o Ciudadanos que ha impuesto reformas inviables?

Pero más inquietante aún será la situación que se creará cuando las comisiones de investigación que apoya Ciudadanos demuestren la nefasta gestión y el enorme expolio que el PP ha llevado a cabo en la Región durante los últimos años. ¿Estará dispuesto el PP a asumir las responsabilidades por la gestión del aeropuerto de Corvera, la desaladora de Escombreras, el parque de atracciones de la Paramount y la concesión de la televisión pública a Secuoya, y permitir su reparación cueste lo que cueste? ¿Y cómo obrará Ciudadanos ante semejante panorama: hará la vista gorda, forzará al Gobierno del PP a desafiar su propia gestión incumpliendo sus compromisos y asumiendo el coste de esa reparación o romperá el acuerdo de gobierno por una gestión que ha despreciado el interés general de los murcianos?

Y eso sin contar con que las investigaciones judiciales en curso no deparen alguna sorpresa próximamente, lo que ensombrecería aún más el panorama institucional de la Región. Ni con que, inmersos en una nueva campaña electoral, Ciudadanos deba defender de nuevo un proyecto asediado por las paradojas, y sin aprovechar los posibles beneficios de sus pactos. ¿Cuestionarán sus candidatos las políticas del PP y del PSOE allí donde su partido les ha permitido conservar el poder, aún conociendo sus erráticas trayectorias? Sería difícil de digerir, pues con ello estarían asumiendo ese estilo de hacer política que se empeñan en denunciar.

Es más. Si bien es comprensible que Ciudadanos quiera facilitar la gobernabilidad, permitiendo al partido más votado asumir esa responsabilidad, no lo es tanto que el respaldo sea tan explícito. A sus diputados les hubiera bastado con abstenerse y dejar que el PP gobierne la Región, pero el voto afirmativo conlleva la aceptación de un programa político que va más allá del contenido del pacto. A no ser, claro, que Ciudadanos se revele como el sustento de la derecha que tanto se le reprocha y, más pronto que tarde, se preste a compartir responsabilidades de gobierno.

En cualquier caso, la situación del partido de Rivera en la Región de Murcia no es nada cómoda, pues al otorgar el poder de nuevo al PP acepta la responsabilidad de quedar irremediablemente unido a una historia sombría que no borrarán unas cuantas dimisiones ni un puñado de buenas intenciones. El escorpión ha encontrado a su rana. Y ya se sabe cómo acaba el cuento.