En los últimos años estamos asistiendo en la Universidad de Murcia a lo que ya venían anunciando desde los 80 numerosas instancias europeas y españolas, es decir, al asalto y control de la universidad pública por parte del mundo empresarial y político. La última demostración fue el nombramiento de Javier Ruano García, consultor privado y miembro de la ejecutiva del PP en Murcia, como presidente del Consejo Social de nuestra universidad y de todas sus comisiones, incluida la académica.

Sabemos que el control político y la gestión empresarial de nuestras universidades es fruto de las reformas promovidas en el Espacio Europeo de Educación Superior, supuestamente para alcanzar una universidad más eficaz, más atractiva, más adaptada a las necesidades de la sociedad y capaz de competir en el gran mercado global de la educación superior. Pero que a esta receta se haya llegado a partir de un diagnóstico del mercado laboral, y no de un análisis del propio sistema de educación superior, indica claramente en beneficio de quién se han diseñado estas reformas.

La Comisión Europea lo explica bien en su documento Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos: hasta 2020 el mercado laboral europeo se va a polarizar entre los 17,7 millones de puestos de trabajo altamente cualificados, sobre todo vinculados a carreras tecnológicas, y los cinco millones de empleos manuales que se crearán, la mitad de los cuales, dados los altos niveles educativos alcanzados ya en Europa, serán desempeñados por personas de cualificación muy superior a la requerida. Es decir, puesto que la inmensa mayoría de los puestos medios serán fácilmente sustituidos con el avance de las nuevas tecnologías y nuestro mercado laboral no es capaz de absorber la educación que ya existe, el diagnóstico es que nos sobra educación en Europa.

Ante esto, se podría haber planteado una reforma de nuestro tejido productivo, para enriquecerlo y ponerlo a la altura del conocimiento acumulado hoy en día por los trabajadores y trabajadoras europeas. Sin embargo, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, los Estados neoliberales que nos gobiernan y las propias instituciones de educación superior „todos a una„optaron por elevar la mediocre empleabilidad a criterio formativo y rebajar todo el sistema educativo a las pobres necesidades de unos mercados que, desregulados e inestables, campan a sus anchas oscilando de manera constante e imprevisible.

Es precisamente para satisfacer la naturaleza cambiante de estos mercados, por lo que se decidió orientar las políticas de formación cada vez más al desarrollo de competencias ´transferibles´, como el ´emprendeurismo´ o el ´liderazgo´, dejando en los planes educativos tan sólo unos conocimientos básicos de la materia. Además, al tratarse de competencias tan generales, también podrá reducirse la duración „ahora excesiva y por tanto my costosa„ de las carreras universitarias, que pasaron de cinco a cuatro años y ahora a tres. Esta misma generalidad de las competencias permitirá tirar de un profesorado no tan especializado, reduciendo así el elevado coste que supone el actual. A cambio, los estudiantes compensarán la generalidad y falta de contenidos de las competencias que les va a proporcionar el sistema universitario público, pagando de su propio bolsillo su continua mejora y actualización de conocimientos a lo largo de toda la vida (lifelong learning), mediante módulos perfectamente adaptados a las necesidades de ´rentabilidad´ de las instituciones y los objetivos a corto plazo de los mercados.

En este contexto, se comprende que nos vendan la interdisciplinariedad y los itinerarios personalizados como si de una ventaja se tratara.

La guinda de este servilismo a los mercados la ponen los párrafos que los distintos organismos dedican a destacar la importancia de la movilidad. La Comisión Europea, por ejemplo, lo explica en su Estrategia 2020, argumentando que para dar respuesta a la necesidad de disponer de fuerzas de trabajo móviles que atiendan un mercado cada vez más globalizado y deslocalizado, las universidades deberán promover las prácticas en empresas nacionales e internacionales, creando lo que llaman el gran mercado europeo de conocimientos.

En definitiva, la transformación que se nos impone es de tal calado, que es necesario legitimarla en nombre de ´la sociedad´: la ´sociedad´ ha llegado al convencimiento de que no trae cuenta invertir más en educación, la universidad debe rendir cuentas ante la ´sociedad´, ´la sociedad´ merece una educación superior que responda a sus necesidades, etc. El sistema de garantía de la calidad y la presencia de observadores externos, como son Javier Ruano y las otras cuatro organizaciones empresariales, además de las instancias políticas, que forman parte de nuestro Consejo Social, serán los encargados de medir y verificar que los cambios se introducen a un ritmo adecuado.

Es una cuestión de transparencia, dicen los agentes implicados, lo que se denomina accountability, que sólo se conseguirá con un nuevo sistema de gobernanza corporativa basado en la gestión empresarial.

Y a todo esto, nadie nos ha preguntado a la verdadera sociedad qué modelo de universidad queremos.