La RAE, que es muy puntillosa con esto de definir exactamente el sentido de las palabras, hace una distinción entre ´administrar justicia y hacer justicia´, expresiones que a los legos en la materia les pueden parecer iguales, pero que los encargados de impartir Justicia distinguen muy bien.

Aparente confusión que nos da una idea de lo difícil que debe ser eso de distribuir con equidad la Justicia y que los profanos en la materia lo entiendan, porque creo que es muy importante que los que no forman parte de ese mundo sean capaces de comprender el porqué de las resoluciones judiciales ya que, si no es así, queda en el ambiente la sensación de que ni todas las leyes son justas, ni todas las resoluciones tienen un fundamento lógico.

Algo así está ocurriendo con lo dictado por el juzgado de instrucción número 8 de Murcia, que dirige el juez David Castillejos, que investiga el caso Umbra sobre presunta corrupción urbanística en la zona de expansión, al Norte de la capital, y que ha decidido retirar la imputación que pesaba sobre la exconcejala de Urbanismo Pilar Megía. En uno de los considerandos resalta que la exregidora no tiene especiales conocimientos en gestión urbanística.

Ni entro en la resolución del juez; faltaría más. No discutiré el contenido del auto; hasta ahí podíamos llegar, pero creo que los magistrados deberían ser muy cuidadosos en la redacción de sus resoluciones porque tenemos un idioma muy rico, con muchos sinónimos y antónimos, que queriendo decir lo mismo suenan de manera distinta y quizás la búsqueda de un lenguaje más preciso evitaría el escándalo, porque de escándalo podemos calificar que se retire la imputación a una acusada porque, al parecer, es licenciada en otras materias distintas a las que gestiona.

Es cierto que los considerandos no hablan solo de esto; también se refieren, y esto es lo que a mí me parece lo más sustancial, a que la señora Megías llegó a Urbanismo del ayuntamiento de Murcia tiempo después de que se cerrase el convenio de Nueva Condomina. Pero miren por donde, lo primero es lo que se queda en el ánimo de los ciudadanos porque, lógicamente, es lo que ha sido reflejado por los medios de comunicación y porque es lo que chirría sobremanera, lo que escandaliza un poco o un mucho. Por esa razón, todos los políticos, todos los que se dedican a la gestión pública, no podrían ser otra cosa que abogados o economistas, que se supone son los que atesoran conocimientos legislativos y económicos. Fuera otras cualificaciones profesionales. Y de esto se aprovecha, y con toda la razón del mundo, José María Caballero, el abogado de otro de los imputados, el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, que dice que «si Megías es bióloga y queda exculpada, ¿por qué no debe de estarlo Cámara, que es químico de formación?». Claro que al abogado, que demuestra una gran rapidez de reflejos pero una cierta capacidad de olvido, no dice que mientras que la señora Megías, como queda reflejado en el auto y como apuntamos antes, llega a su responsabilidad urbanística después de que se cerrase el mencionado convenio de Nueva Condomina „difícilmente pudo influir en el mismo„, el alcalde, como bien manifiesta el fiscal, llegó a la alcaldía a medidos de los 90 y es a quien se le supone el conocimiento suficiente para firmar convenios de tanta trascendencia urbanística.

A mí no me hace feliz que supuestos servidores públicos estén encausados en procesos que deberían ruborizarnos a todos, a ellos los primeros. Y no me hace feliz porque no es posible sentirse cómoda en una sociedad en la que la corrupción ocupa un lugar preferente en las conversaciones de los ciudadanos.