Decía la filósofa alemana Hannah Arendt que «nadie puede ser libre ni feliz si no puede ejercer el control del poder político». Antiguamente, los reyes absolutistas nombraban condes o marqueses a aquellos que les eran fieles para que éstos ejercieran en su nombre el control de los pueblos y hacerse cargo así de cobrar los impuestos e instaurar un orden favorable a la monarquía. Era un modo de controlar al pueblo para que los ciudadanos quedasen privados de ciertos derechos y no tuviesen muchas opciones a revelarse contra ese sistema. Han pasado ya muchos siglos desde entonces. Sin embargo „aunque nos pueda parecer lo contrario„, el modo de ostentar y controlar el poder sigue siendo muy parecido.

Hoy en día, evidentemente, el poder ya no recae en el rey, pero sigue existiendo una estructura y una red de personas muy contadas que poseen el poder político, económico y judicial, y lo controlan para que éste siga estando en manos de unos pocos.

Según publicaba El País esta semana pasada, J.A., un opositor al Tribunal de Cuentas, estuvo a punto de obtener un pleno de aciertos. Pero no en la oposición. Al parecer, semanas antes de iniciarse en 2010 los exámenes para cubrir las catorce plazas de auxiliares de grabación y subalternos en el órgano que se encarga de fiscalizar a todas las administraciones públicas, J. A. se presentó ante un notario y le pidió que levantase acta de un futurible. Ante el asombro del notario, J.A. le facilitó catorce nombres, de los que el hombre dio fe. Al terminar los exámenes, J.A. cotejó su lista notarial con la de aprobados que figuraban en el BOE: había conseguido ni más ni menos que la friolera de doce aciertos. Lógicamente, J. A. no es ningún adivino; sencillamente, tenía alguien dentro del tribunal que le alertó de que casi todas esas vacantes ya tenían dueño; familiares o amigos de los miembros del tribunal.

Como era presumible, J.A. comenzó una batalla legal „una batalla que llegó incluso hasta el Tribunal Supremo„ sin que obtuviera ningún resultado positivo.

Aunque en los países más evolucionados culturalmente este tipo de prácticas son excepcionales y fuertemente penalizadas, en España „donde la corrupción no solo afecta a los políticos sino que se extiende por todos los ámbitos públicos y privados„, este tipo de conductas son habituales, y suponen la continuidad de un sistema corrupto de poder. Con este tipo de actuaciones, los que ostentan el poder procuran que dicho poder siga quedando en las manos de los cercanos, de los próximos, de tal manera que sea fácil crear una red de favores donde los beneficios puedan repartirse entre unos pocos. Así, podemos ver políticos que una vez que abandonan su carrera política acceden inmediatamente a cargos muy bien pagados en las mejores empresas constructoras o eléctricas de nuestro país; empresas que acceden a contrataciones públicas en Ayuntamientos, Comunidades o el propio Estado cuyos ejecutivos son familiares o amigos de quienes ofertan la licitación; jueces que protegen en infinidad de ocasiones a aquellos que incumplen la ley pero que tienen poder o apaños en empresas privadas para contratar al amigo o familiar de turno.

Desde hace ya demasiados años, en España los ciudadanos no tenemos ningún control sobre los poderes político, económico o judicial; unos poderes que cada vez están más corrompidos. De este modo, siguiendo la frase de Hannah Arendt, los españoles no podemos ser felices ni „lo que es más preocupante„ libres.