Permítanme sus señorías una nueva vuelta de tuerca al concepto de esa Justicia Universal que España ha desfenestrado sin que a nadie se le mueva un solo pelo de parte alguna del tupé, ni a Gallardón una sola fibra de su muy católica (dudo de cristiana) conciencia. Mucho, muchísimo menos a una Iglesia defensora de vidas no nacidas, pero olvidada de las ya nacidas, a la vez que enemiga feroz de las células madre que salvan vidas (?) por nacer. No busquen explicación coherente y lógica a lo que ni siquiera es de sentido común. Pero hagamos un viaje en el tiempo, rescatando personajes y declaraciones que fueron, y son, historia€
Años 485/565. Con Justiniano nace la primera declaración de justicia universal de esa misma historia: «Los nacidos son gobernados por sus leyes y por las que el derecho natural establece para toda la humanidad». Punto pelota. Creo que sobran interpretaciones. El emperador tenía muy claro que las leyes nacionales habrían de guardar el derecho de toda humanidad.
Años 1583/1645. Dejemos pasar un milenio, que, como tangueaba Gardel, «que mil años no es naaaada€», y fijémonos en la simple, clara y escueta base legal en que el poeta y jurista holandés Hugo Grotius basó toda la jurisdicción precursora de la moderna justicia universal: «En mis tratados se fundamenta la existencia de principios universales para poder juzgar el bien y el mal, allá donde se produzcan». Si esto no fuera así, convendrán conmigo que entonces el Tribunal Internacional de La Haya estaría de más, y a hacer puñetas la Convención de Ginebra, y la Comisión de Derechos Humanos de la Onu con toda su solemne declaración mundial de los mismos sobraría igualmente.
Año 1985. Juan Carlos I sanciona el reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que justifica la investigación y persecución de los actos€ «cometidos fuera del territorio nacional y susceptible de tipificarse como delitos de genocidio, terrorismo, lesa humanidad€». Nuestro país se incorpora a la civilización del imperio de la justicia universal. Y, precisamente, apoyándose en ello a posteriori, el tibetano Wangchen solicita la detención de cinco dirigentes chinos acusados de crímenes contra esa misma humanidad, de los que, uno de ellos, Jiang Zenin, llegó a ser presidente de la propia República Popular China.
Rabiosa actualidad. Hoy mismo Las autoridades chinas no responden a las requisitorias de la Audiencia Nacional, pero sí que declaran: «Expresamos nuestra confianza en la habilidad y sabiduría del Gobierno español para manejar este asunto de forma y manera apropiada»€ A buen entendedor€ Así que el insigne portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, se apresura a contestar y contentar con otra declaración, digna de enmarcar en plata (pero en plata de monedas judáicas, treinta a ser posible€): «Hay que evitar disgustos inútiles que solo general conflictos diplomáticos». Se jodan los muertos. Hay que volver a la ley de la interesada caverna. Como dato de postdata, aclaro que China es la meca de nuestras multinacionales, y además controla más del 20% de la deuda exterior española.
Eso sí, claro€ Si el jodío tibetano Wangchen hubiese sido español, ni los chinos le hubiesen asesinado a sus padres, y él a lo mejor sería torero€ Y si el sanguinario Zemín también hubiese sido español en vez de chino, pos ni te cuento, María Sarmiento. Puede que fuese cofrade del Cristo del Santo Apaño€ Pero como no son de aquí, ajo y agua, y a recoger beneficios, aunque sean sangrientos.
O sea, desde Justiniano aquí, en una sola legislatura, nos hemos pasado por la quintaesencia del moñoño 1.500 años de historia universal de la Justicia€ Así, con un par. Como si tal cosa. Y aún tenemos la indecencia de decir que no vamos a ser los justicieros de nadie, o que bastante tenemos con los problemas de aquí como para arreglárselos a los de fuera. Como si los de fuera no fueran seres humanos. Vale, pues entonces no pidamos justicia a nadie, ni esperemos que nadie nos ayude en nuestros problemas€ A lo mejor es eso mismo lo que algunos alguienes quieren.
