España es, también, campeona del mundo en número de aforados con alrededor de 10.000, rancia entelequia que contradice claramente el artículo 14 de nuestra, retocada para lo que interesa, Constitución, que ampara el principio de igualdad de (casi) todos los españoles ante la Ley. Es incomprensible que determinados individuos, en virtud del cargo que ostentan, obtengan privilegios por los que serían juzgados, en su caso, por un tribunal superior que el que corresponde al resto de los mortales. En Alemania, Reino Unido o Estados Unidos no existe esta figura y en otros está restringida solo al presidente y ministros. Se da la situación de no aforados que buscan desesperadamente serlo para sentirse protegidos ante posibles imputaciones por casos de corrupción u otros, o sospechosos aforamientos exprés como en el caso del ciudadano Juan Carlos. Se debe poner fin inmediatamente a esto; el problema es que quienes pueden hacerlo son los mismos privilegiados, así que
