Un responsable de Energía de la Junta de Andalucía ha tenido que dimitir después de ser acusado de hacer trampas en el recibo de la luz, de cuyo pago se encargó él mismo de estar exento. En general, quien accede a un cargo público se considera, en su fuero interno, digno de exención de cuantos costes ha de afrontar el ciudadano corriente. Esa mentalidad parasitaria está tan arraigada en quien sirve a lo público desde la confianza otorgada por la ciudadanía, que la noticia sería lo contrario; es decir, que un responsable político se paga sus gastos diarios y extraordinarios alguna vez.

En el caso de la pifia del responsable de Energía andaluz lo más grave ha sido, no tanto el probable latrocinio al dinero de todos, de lo cual estamos habituados, por desgracia. Lo terrible es la respuesta que ha dado a la prensa el consejero andaluz de Economía, del cual depende el enésimo aspirante a corrupto que ha tenido bajo sus órdenes. El consejero andaluz ha dicho que se trata de «un caso personal» del dimisionario director de su departamento de Energía. Ningún gesto ha tenido por saber y aclarar la verdad.

Es un síntoma de la falta de seriedad ante los casos de corrupción considerar éstos un asunto personal, privado. Desde luego, lo es, en este caso, en la vida civil del presunto delincuente, quien habrá de vérselas, esperemos que pronto, con la Ley. Pero, sobre todo, tratándose como se trata de un cargo público, es un asunto de todos: es mucho más que un asunto personal del afectado, por la sencilla razón de que los afectados somos todos. Empezando por la Junta de Andalucía, luego por el partido al que pertenece, el PSOE, y siguiendo por cuantos andaluces y españoles pagan religiosamente sus impuestos y cumplen sus deberes escrupulosamente, aunque a veces de mala gana en vista de tanto perigallo que roba impunemente.

Según informó Abc de Sevilla, don Luciano González García „así se llama el director andaluz de Energía„ piratea la luz de su vivienda. Pero es que, además, el mozo se construyó su chalet residencial de 130 metros cuadrados de forma ilegal, en terreno rústico, donde a lo máximo se podía construir cuarenta metros cuadrados. Por este detalle don Luciano ha sido denunciado por el alcalde de Yunquera, localidad malagueña en cuyo término está situada la casita tan económica que, por supuesto tiene luz gratis.

Pero volvemos a lo nuestro, no es lo más grave la conducta de don Luciano, sino de nuevo las declaraciones de su jefe, don José Sánchez Maldonado, quien no tiene rubor alguno en declararse amigo de su director dimitido, como tampoco de ostentar un cargo de tanta responsabilidad y rimbombante título: Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Ha manifestado don José que «¡claro que he estado allí, como otros muchos!» (se refiere a la casa de don Luciano, de la que desconocía, dice don José, su situación ilegal) y, en fin, don José, para que no nos alarmemos, aclara a El Confidencial que «este es un caso personal», pues don Luciano «se tenía que defender de las acusaciones y no quería lastimar al Gobierno andaluz. Yo no sé si será verdad lo que se publica, pero yo no lo conocía», tiró de excusa el señor consejero. Ya está usted tardando en dimitir, don José, por lento en saber la verdad, porque si hay alguien que no debía descansar hasta saber la verdad y decírnosla voz en alto a todos los afectados es precisamente usted. Recuerde que los afectados somos todos.

En todas partes cuecen habas. En la Comunidad andaluza hay al menos, por ahora, un dimitido a raíz de este asunto, aunque los mecanismos de evasión de la verdad sean los mismos que los habituales en todos los casos de presunta corrupción política. Pero ya es hora de que los responsables que hayan nombrado a otros acusados de corrupción se esfuercen por encontrar la verdad. Espero que, entre nosotros, Valcárcel tome nota de sus deberes antes de irse a Europa o a su casa. Deja muchos cadáveres vivos en la morgue política.