Existen garantías jurídicas plenas que lo respaldan porque la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos avalan esta cuestión. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada; no es entendible que el desGobierno del PP rescate a la banca con dinero de todos y abandone a los ciudadanos bajo una legislación obsoleta e irreal que hasta la UE ha cuestionado dada la indefensión en la que deja a los hipotecados. No se trata de una expropiación definitiva; es temporal, encaminada a frenar los asesinos desahucios, de quien no puede pagar por carecer de recursos. Ante una situación desesperada se deben adoptar medidas excepcionales que garanticen derechos fundamentales. Es necesario un Gobierno que paralice desahucios, consiga la dación en pago, tenga corazón, no se esconda tras un plasma, trabaje para los ciudadanos y no para los mercados. Su incompetencia es absoluta. Deben irse.
