El mapa de la corrupción, presunta y no tan presunta, en España es extenso y asqueroso, alcanzando desde simples concejales a las más altas instituciones del Estado. Ser imputado es un estatus procesal: una persona sobre la que se sospecha que cometió un delito y el juez piensa que hay indicios suficientes que así lo acreditan. Sin obviar la presunción de inocencia, considero que se debe poner coto a la sensación que impera de sinvergüencería campante, de políticos que se aferran a sus cargos electos como lapas, a la impresión generalizada en la sociedad de impunidad para estos presuntos chorizos de guante blanco y lo que es aún peor: el convencimiento de que, pase lo que pase, no pisarán la cárcel y se lo llevarán calentito. Es necesario que un político (o infanta) deba abandonar su cargo, al menos de manera temporal, para afrontar su situación judicial. Deben ser un ejemplo y no todo lo contrario.
