Elegido el nuevo Jefe del Estado Vaticano ha llegado el momento de la derogación del Concordato. Los acuerdos firmados entre el Gobierno español y la Santa Sede en 1979 incumplen varios artículos de la Constitución de 1978, que declara España como aconfesional. La relación con la Iglesia católica ha de producirse sin privilegios antidemocráticos. Estos acuerdos garantizan la enseñanza de religión católica en los colegios, la asistencia religiosa en hospitales y prisiones o la permanencia de capellanes castrenses. La Iglesia goza de exención fiscal para actividades de culto, recibe una asignación muy cuantiosa a cargo de los PGE y recauda a través de la casilla del impuesto de la renta. No paga, a diferencia de como hace ‘todo dios,’ el IBI ni otros impuestos terrenales. Esto debe cesar. Ha de autofinanciarse. Urge una ley de laicidad que garantice la libertad religiosa y, al mismo tiempo, la estricta separación de la iglesia y del Estado.

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