Sanidad pública para todos

Tan sólo a los seis meses de que el Partido Popular llegara al poder, tras unas elecciones generales en que uno de los ejes de su programa fue la defensa explícita de la sanidad, el Real Decreto Ley 16/2012 publicado en abril, de forma precipitada y sin consenso con las demás fuerzas políticas, supuso el mayor ataque al sistema sanitario público realizado en España en los últimos treinta años.

Durante el primer año de gobierno de Mariano Rajoy hemos sido testigos de: Un cambio del modelo sanitario, pasando de un modelo universal a otro basado en el aseguramiento, que excluye a colectivos desprotegidos. La exclusión de los inmigrantes no regularizados de la atención sanitaria, lo que ha sido criticado incluso por el Tribunal Constitucional. El establecimiento de copagos generalizados para medicamentos, transporte sanitario, dietoterapia y prótesis. La ruptura de la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, con la amenaza de sacar de la cartera básica, y por lo tanto de las que son gratuitas, numerosas prestaciones. Como la exclusión en el mes de agosto de más de cuatrocientos medicamentos, muchos de ellos ampliamente utilizados y de eficacia probada. Recortes presupuestarios que se han concretado en disminuciones de plantillas, cierres de camas y de servicios, de puntos de atención urgente, etc. Privatizaciones generalizadas, de forma desigual por Comunidades autónomas, a pesar de las evidencias de que las prestaciones sanitarias privadas son más caras y de peor calidad.

Desde la Administración autonómica, con la manera de aplicar este Real Decreto, se ahondó en la exclusión de los canales normales asistenciales para muchas personas, jóvenes e inmigrantes sin trabajo; y supuso un mayor sacrificio y esfuerzo en el pago de medicamentos a los jubilados, poniendo en aprietos muchas economías domésticas y en dificultades para la adquisición de medicamentos imprescindibles para su tratamiento.

Además, en la Región de Murcia el llamado Plan de Reequilibrio Económico-financiero intensificó las medidas del Gobierno central y restó protagonismo a los cuadros y profesionales de sanidad, para entregar el poder de decisión a 'Economía'. Carente de criterios técnicos y marcado por un equivocado e improvisado guión de reducción de gastos a corto plazo, se aceptaron sin rechistar por parte de la consejera y del gerente del Servicio Murciano de Salud el cierre de puntos asistenciales nocturnos, algunos a más de 45 kilómetros del hospital más cercano; la supresión de seiscientos puestos de trabajo a todos los niveles asistenciales, con cierre temporal de plantas hospitalarias y la paralización de la toma de posesión de oposiciones de profesionales de atención primaria; la modificación de la cartera de servicios del hospital del Rosell o la reducción de servicios como el programa de salud bucodental o del programa de cribado de cáncer de colon. Igualmente la contribución de numerosas ONGs que cubrían huecos importantes en la atención a enfermos crónicos (como el diagnóstico precoz en el VIH/SIDA o en la rehabilitación de pacientes con Parkinson) se está viendo seriamente comprometida.

En las últimas semanas hemos asistido en la Comunidad de Madrid al vergonzoso espectáculo de ver disfrazados como planes de sostenibilidad lo que son maniobras para debilitar el sistema público, en una estrategia cuyo objetivo final es la entrega de la gestión de centros de salud y hospitales públicos a empresas con ánimo de lucro. Esto implica el desmantelamiento y destrucción de equipos de trabajo de excelencia, de reconocido prestigio internacional, e ignorar y enfrentarse el sentir de la población y a los planteamientos de los profesionales sanitarios, haciendo prevalecer intereses económicos privados de personas afines políticamente. Madrid bien pudiera ser el banco de pruebas y, si la privatización de hospitales y centros de salud se acaban imponiendo, ésta se irá extendiendo a otros territorios, argumentando falsamente ante la opinión pública que es la única salida ante el déficit financiero y mal funcionamiento de los centros.

Por esto nos alegran, y cuentan con nuestro apoyo, las declaraciones del presidente Valcárcel cuando afirma con rotundidad que no comparte el planteamiento de Madrid y asegura que no se va trasladar a Murcia este modelo de gestión. Le animamos a continuar con ese compromiso y que se concrete con un pacto de todas las fuerzas políticas.

Si en los próximos meses, y en contra de lo expresado, avanzara la privatización de la gestión de los centros, el Gobierno regional puede verse sorprendido por la intensa reacción ciudadana que se va a producir. La indignación va calando y se están tocando aspectos muy sensibles.

Las distintas plataformas creadas en defensa de los servicios públicos, van tejiendo una red silenciosa de contactos que cuenta con vías de comunicación potentes y eficaces. Espacios como la RECIPS, desde la que realizamos estas reflexiones, permite la conexión como ciudadanos a profesionales sanitarios, usuarios, consumidores y nos ayuda a disponer de argumentos sólidos, debatidos, contrastados para defender otra política de salud. Desde lo público y en época de crisis se puede gestionar de otra manera, sin recortar en prestaciones ni en servicios esenciales, garantizando la gratuidad y la equidad, invirtiendo en promoción de salud y en atención primaria y reduciendo en tecnología y en tratamientos con fármacos sin que se vea perjudicada la salud .

2013 queremos que sea el año de la sanidad para todos, que se refuerce la idea colectiva de servicio sanitario de calidad para los ciudadanos y que cambie de rumbo la política regional. Sin duda, un acuerdo de todo el arco parlamentario, que implique una reforma del Estatuto regional en el que se garantice el carácter universal y público del Servicio Murciano de Salud contribuiría a esto de forma decisiva y sería una noticia excelente para todos los ciudadanos de esta Región.