Después de una larga espera de once años, el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucional y nula la disposición adicional octava del Texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia (Decreto Legislativo 1/2005 de 10 de junio), un serio golpe a la política urbanística del Gobierno regional que afectará de una manera decisiva al megaproyecto de urbanización de Cabo Cope. Esta disposición determinaba que los límites de los Espacios Naturales de la Región de Murcia se debían ajustar a los límites de los Lugares de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000, lo que implicó la desprotección de unas 11.502 hectáreas en diferentes espacios de la Región, principalmente en la zona litoral, entre ellas las de Marina de Cope, que ahora vuelven a quedar bajo protección ambiental. Con esta sentencia se da la razón a las demandas de los grupos ecologistas y sociales de la Región en relación al plan urbanístico de Marina de Cope.

El Tribunal Constitucional ha basado su sentencia en dos argumentos fundamentales: por un lado, la vía inadecuada de aprobación de la disposición, aportándola a última hora a una Ley del Suelo sin haber formado parte de la motivación ni discusión de la Ley; y, por otro, la inseguridad jurídica que se generaba tras su aprobación.

A las pocas horas de hacerse pública esta sentencia, algunos vendedores de humo y sus portavoces señalaban que no pasaba nada, tratando de minimizar el serio revés que la sentencia ha supuesto, e intentaban contribuir a la ceremonia de la confusión señalando el carácter de los magistrados del Constitucional que la habían redactado, hecho que siempre se produce cuando las sentencias no son de su gusto. Por el contrario, desde el punto de vista social, la sentencia respalda las denuncias realizadas por colectivos vecinales, oposición y organizaciones ambientales y pone en cuestión, una vez más, las políticas de urbanización depredadoras, desmesuradas y caóticas del territorio de este Gobierno murciano.

A este serio revés, que descalifica la política regional sobre urbanismo, se unía el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en la sentencia 91/2011, señalando como ilegal la práctica del teletransporte de edificabilidad de espacios protegidos a nuevos desarrollos urbanísticos.

Como siempre, el Gobierno regional ha mirado para otro sitio a la hora de asumir las responsabilidades por estas irregularidades y este varapalo del Tribunal Constitucional en la política urbanística, cuyas temeridades y errores hemos de pagar los ciudadanos. Esta sentencia debería tener consecuencias en el ámbito político para el gobierno que promovió una ley que desprotegía una parte del patrimonio natural de nuestro territorio. Mucha ciudadanía cree (y no sólo las organizaciones ambientales) que estos hechos deberían tener como consecuencia la asunción de responsabilidades por parte de este Gobierno regional, y obligarían a un cambio radical en las políticas de ordenación del territorio que han favorecido el ataque a los espacios naturales en beneficio de un urbanismo desmesurado y caótico. En definitiva, la sentencia constituye un punto de inflexión definitivo al megaproyecto del ladrillazo de Marina de Cope y un serio revés para muchos planes parciales en diferentes municipios de nuestro territorio.

Es necesaria una reorientación radical de la política urbanística que suponga la paralización inmediata de los trámites de recalificación de suelos en Marina de Cope, y retome el proceso de aprobación definitiva del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de Calnegre-Cope, incluyendo la mayor parte de la zonas que pretendía ser urbanizadas. Se manifiesta necesaria también una moratoria urbanística inmediata en los ayuntamientos, hasta que se depuren las consecuencias de ambas sentencias y la revisión de la planificación urbanística regional y de los 45 municipios de nuestra comunidad, que tenga como objetivo la restitución de la legalidad urbanística y ambiental. Hay que acabar con el modelo de caos y desorden urbanístico que se ha llevado a cabo y que, no sólo ha supuesto un desastre económico y social, sino que ahora se demuestra que era contrario a la propia legalidad ambiental. Esto implica la construcción de una alternativa para otro modelo de desarrollo basado en la conservación de la naturaleza y los recursos naturales que suponga una esperanza real de un futuro sostenible para nuestra Región y no se convierta en el humo de la sinrazón.

Pedro Belmonte Espejo

DNI: 22.931.424X