Según un reciente estudio elaborado por Transparencia Internacional, Murcia es la Comunidad autónoma menos transparente de España. Al mismo tiempo, como sabemos, nuestra región se ha visto obligada a acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico para no caer en la suspensión de pagos. Nadie discutirá, por tanto, que los políticos murcianos dirigen algunas de las administraciones de toda Europa donde se gestiona el dinero público de manera más irresponsable e ineficaz. Sin ir más lejos, la semana pasada, este mismo periódico informó de que el alcalde de Murcia viajó a Bogotá para participar en una cumbre destinada a ciudades latinoamericanas de difícil justificación en estos tiempos de austeridad. Estas vacaciones pagadas con nuestros impuestos no son más que la punta del iceberg, una minucia comparada a otras muchas prácticas ocultas tras la opacidad de la administración.

Por todo esto, el desfase existente entre los discursos y los actos de nuestros gobernantes se hace cada día más sangrante. La opinión pública es consciente de la doble moral con la que se justifican los recortes, percibidos como decisiones arbitrarias que están dañando de manera irreversible el tejido social y comprometen nuestro futuro como país ´civilizado´. Existe, pues, una relación causa/efecto entre la arbitrariedad política, la corrupción y el despilfarro del dinero público, en el nombre del cual se justifican, como si de un círculo vicioso se tratara, los recortes dirigidos a los más débiles.

Sin embargo, esta situación no es una fatalidad. Pese al reinante pesimismo, existen instrumentos mediante los cuales la ciudadanía puede acabar con la atmósfera de impunidad y cinismo que rodea a nuestros mal llamados ´representantes´. Los políticos, tan endiosados y alejados de la realidad como están, olvidan que su poder reposa en última instancia (¿hasta cuándo?) sobre la pasividad y el beneplácito de los gobernados. Tal y como lo demuestran numerosos estudios, en nuestro país la corrupción se ceba especialmente con las Administraciones autonómicas y municipales. Y su origen no se debe tanto a la ausencia de herramientas legales para combatirla, sino en su desuso por parte de la ciudadanía que durante demasiado tiempo ha mirado hacia otro lado, tolerando prácticas ilegales que pueden y deben de ser sancionadas en la calle y en los tribunales.

La recién creada Asociación por la Transparencia Política y Administrativa (ATRAPA-Murcia) por juristas y activistas al albor del 15M se inspira de esta reflexión y hace un llamamiento a participar a todo ciudadano que se sienta identificado con nuestros planteamientos. Su funcionamiento horizontal y abierto se aleja de protagonismos e ideologías, respetando así el trabajo y las opiniones de todo aquel que quiera contribuir. Concretamente, ATRAPA ya está investigando diversos casos de corrupción en Murcia, y por el momento ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia contra el Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, a la vez que ultima otras denuncias relativas a ilegalidades en la gestión del dinero de los murcianos por parte de diversos entes. También está preparando una querella contra los máximos responsables de la Policía Nacional en Murcia por la práctica permanente e ilegal de no llevar visible el número de placa.

En definitiva, la transparencia política y administrativa no es una solución mágica a todos nuestros males, pero representa un primer paso hacia la moralización de la política que la opinión pública pide a gritos. La transparencia es, por tanto, un ideal, un concepto forjado por los filósofos de la Ilustración para arrojar luz sobre la obscuridad y el secretismo donde se cobijaba la arbitrariedad y el despotismo. Hoy día, frente a la crisis global de valores en la que nos encontramos, la democracia no puede seguir limitándose a acudir a las urnas. La elevación general del nivel cultural y el desarrollo de las nuevas tecnologías nos ofrecen una oportunidad sin precedentes para desarrollar nuevos instrumentos que permitan regenerar la vida pública. En vistas de la mediocridad y el cinismo del PPSOE, sin la reacción de una ciudadanía responsable, la democracia tendrá sus días contados.

Y todos habremos sido cómplices del retorno de nuestro país a la miseria y al autoritarismo de antaño.