Hace años escribía que me parecía que Europa era un patio de vecinos aislado de las convulsiones políticas y sociales que estremecían el mundo. En Latinoamérica, en África, en Asia eran asesinados sindicalistas y defensores de los derechos humanos; el libre comercio y la privatización se abrían paso en todas partes seduciendo a las élites con sus lujos y luces de neón, muchas veces eliminando físicamente a sus detractores, mientras que en ´casa´ vivíamos una cierta tranquilidad.
Parecía que el capital europeo presionaba con dureza fuera del Viejo Continente para terminar con derechos laborales y servicios públicos pero que permitía un cierto sosiego en sus países de origen. En realidad era solo una apariencia. En tiempos de bonanza, en los que los jóvenes nunca dejaron de ser mileuristas a pesar de los beneficios astronómicos de las grandes empresas, era difícil prestar demasiada atención a una nueva Constitución europea que ya muchos advertían que abría las puertas a la privatización de la sanidad, las pensiones y la educación.
En España, años de desinterés por la política han hecho que a muchos no les termine de resultar paradójico que el mismo partido que impulsara la liberalización del suelo que sumió al país en la fiebre del ladrillo ahora aproveche para decirnos que la única salida es la privatización de los servicios públicos y la ´flexibilización´, aún mayor, de la legislación laboral. Tampoco les chirría que los mismos empresarios que hundieron sus negocios invirtiendo en la construcción tengan el valor de pedir a través de la CEOE que dejemos en sus manos sanidad, pensiones y educación.
Esa privatización que nos venden como una gran ocurrencia no tiene nada de nuevo. Ya fue impuesta en Latinoamérica por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a golpe de ´doctrina del shock´. El neoliberalismo ha campado a sus anchas en el subcontinente en países sumidos en conflictos humanitarios tan complicados que difícilmente podían prestar atención a otros problemas. Una política de privatizaciones o semiprivatizaciones que no ha funcionado en ningún lugar... bueno, ha sido todo un éxito si el objetivo era enriquecer a unos cuantos saqueando las arcas de Estados ya de por sí débiles.
En el caso de Colombia, el que mejor conozco, han sido sonados los escándalos en el sector sanitario. Aquí existen dos regímenes, uno contributivo para los trabajadores y otro subsidiado para aquellas personas con menos recursos. Se supone que aquellos que cotizan mantienen mediante un porcentaje de su aportación a aquellos que no trabajan a través de un fondo de solidaridad.
La realidad es que se han creado dos sistemas paralelos en los que, generalmente, según tu poder adquisitivo vas a distintos centros. El funcionamiento es complejo y enmarañado pero en definitiva una de las consecuencias ha sido que los antiguos hospitales públicos han pasado a ser Empresas Sociales del Estado, sin un presupuesto fijo, que dependen de lo que cobran por cada servicio. Si el paciente no puede pagarlo directamente y es subsidiado, la institución tarda mucho en recibir esa cantidad del fondo de garantía por lo que se dan situaciones tan dantescas como el llamado ´paseo de la muerte´, el tránsito de un hospital a otro de una persona porque ninguno quiera asumir sus gastos.
Por otro lado, los que cotizan van a hospitales dependientes de Entidades Promotoras de Salud, la mayoría privadas, muchas veces después de una larga cadena de trámites para justificar que la atención que necesitan puede ser prestada con la cantidad aportada mensualmente. Un ejemplo de lo abusivas que pueden ser las empresas privadas con la salud en sus manos, entre ellas alguna española, es que si te retrasas en el pago un solo día sueles quedarte sin atención aunque antes hayas aportado miles de euros. Con el capital no valen los juramentos hipocráticos, solo el dinero por adelantado. Sobra decir que las clases altas pagan lujosas clínicas privadas y se aíslan de la realidad.
Por si fuera poco, tanto las entidades promotoras como los antiguos hospitales públicos arrastran decenas de escándalos por desfalcos millonarios. Una de las modalidades es negar la atención a personas del régimen subsidiado pero cobrar el servicio al fondo de solidaridad. La otra que, mientras que hay pacientes que mueren por falta de pilas en los instrumentos quirúrgicos, se externalizan servicios de laboratorio „¿nos suena?„ concediéndolos a precios abusivos a familiares y amigos de los directivos. No importa que en el pasillo, literalmente, se estén muriendo hacinados decenas de seres humanos.
No es de extrañar que con la reciente operación del presidente Santos circulara por Internet la siguiente frase: «A Santos le descubren un cáncer el lunes y lo operan el miércoles; a un colombiano promedio le descubren un cáncer en enero y lo entierran en diciembre». Alguien podría argumentar que España y Colombia parten de situaciones diferentes, y es cierto, pero ¿es posible creer que no habrá escándalos de ese tipo después de los Gürtel, Umbra y similares?
En definitiva, parece que los que decidieron abrir el melón de los servicios públicos en el resto del mundo quieren ahora, con la excusa de la crisis, comerse el trozo de pastel que se dejaron en casa. Al margen de los detonantes concretos de la estafa financiera, en las calles de las capitales europeas se puede ganar o perder la existencia de derechos nacidos aquí tras siglos de lucha de la clase trabajadora.
Un modelo que ha sido ejemplo para el resto del mundo.
