En la estrategia política de la lucha por los intereses generales frente a los intereses privativos de unos pocos, se repiten periódicamente los mismos esquemas de engaño y de excusas facilonas, para que parezca que los intereses de unos pocos, por encima de los generales, pueden salvar la situación.
Me refiero al nuevo anteproyecto de modificación de la Ley de Costas, y a las declaraciones que se vienen escuchando y leyendo en las últimas semanas respecto al tema por parte de los principales responsables del asunto en la Región de Murcia, tanto desde la Administración central como desde la Autonómica. La excusa, una vez más, vuelve a ser la crisis y la generación de empleo. La misma que sirvió en los sesenta para saturar buena parte del litoral español (Benidorm, Torremolinos y demás ejemplos conocidos) con un modelo especulativo inmobiliario, que sólo favorece, durante un tiempo más bien escaso, los intereses de unos pocos, y que nos deja el litoral, uno de nuestros mayores activos, inservible para un uso y disfrute sostenible económicamente. Una pesada carga para las generaciones futuras.
La Constitución y la Ley de Costas del 1988, (por cierto, ratificada por los tribunales de justicia en todos sus aspectos), delimitaron bien claro que la primera franja del litoral, lo que todos conocemos por Dominio Público, es de todos. Sí, de todos. Es suya y mía, de su pareja, de sus conocidos, de sus amigos, y de los que no conoce. Es patrimonio del Estado, y por tanto es de todos. Obtener dicha franja le costó una expropiación masiva al Estado, a usted y a mí también, porque a quienes tenían construcciones anteriores a la ley en dicho terreno se les pagó (así lo reconocieron los tribunales) con un derecho de uso de las mismas durante 30 años, que vence en 2018.
Y otra vez llega la excusa de la crisis. Ya son pocas, afortunadamente, las construcciones que quedan en Dominio Público, y todas ellas saben que su concesión caduca en 2018. Pero ahora resulta que les vamos a pagar más, mucho más. Pagaremos, por segunda vez. Y ahora pagaremos 75 años, es decir, dos veces y media más de lo que pagamos en su día.
Pagaremos todos porque mientras unos pocos utilizan ese suelo para su actividad lucrativa (residencia, servicios u hostelería), el resto seguiremos sin poder pisar ese suelo que es suyo y es mío, y por el que ya pagamos un alto precio hace 24 años. Lo más importante de todo es que siguen sin aprender la lección. Siguen queriendo urbanizar lo más cerca del agua, y si puede ser encima, mejor. Un modelo que recuerda al de las células tumorales en un organismo sano; terminarán matando el organismo del que se sirven, y por lo tanto, acabarán muriendo también las pretendidas actividades de dichas células.
Porque la costa, en esta Región con 274 km y dos mares, debe ser uno de nuestros principales activos, donde coexista el respeto a nuestro patrimonio natural y ambiental, con la generación de actividad económica, fundamentalmente orientada al turismo de calidad y desestacionalizado. Mientras sigan apostando por un falso turismo residencial con viviendas a pie de playa, con macro proyectos residenciales o de actividades industriales en zonas de alto valor ambiental, seguiremos hipotecando nuestro futuro para siempre. Unos pocos se harán de oro en unos 10 o 15 años, pero la Región no aportará valor añadido a una oferta (la de sol y playa, la del Spain is different) ya saturada en este Mediterráneo tan esquilmado.
Es tiempo de pensar qué modelo queremos, diseñar una estrategia turística a largo plazo para la Región de Murcia, que genere empleo en todas épocas del año, y que combine el uso del sol y playas con el disfrute de los recursos naturales, y el turismo de naturaleza y patrimonio cultural.
No nos olvidemos: la primera línea de playa (la que más vende en las inmobiliarias), sigue siendo primera línea, aunque la situemos a 100 metros del borde del agua. Por lo tanto, un respeto a nuestra huella humana frente al mar.
Lo dicho, con la costa, no caben excusas.
