Me encuentro entre las miles de personas que son socias de Cáritas. Una aportación modesta que, junto a otras, permite ayudar a la extraordinaria e impagable labor que lleva a cabo esta institución de caridad

Sí, pertenezco a ese grupo de ciudadanos, colaboradores de Cáritas, que se encuentran ahora un tanto confusos, desconcertados, turbados y, sobre todo asombrados, por las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela, en las que veladamente, o no tan veladamente, amenaza con bajar la aportación de la Iglesia católica a esta institución, si se le obliga a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles €IBI€ manifestando, un tanto sibilinamente, que si es así «irá en detrimento de otras acciones» y, por si quedaban dudas, ha puesto como ejemplo lo que podría ocurrir con Cáritas, aunque dice confiar en la «generosidad de los fieles», como no podía ser de otra manera en este caso porque, lo que no ha dicho Rouco Valera es que la financiación de Cáritas depende casi al 60% de las donaciones privadas, y el 38% restante está a cargo de fondos públicos con aportaciones de los Ayuntamientos, las Comunidades autónomas, el Estado y la Unión Europea. Como también ha silenciado que la Conferencia Episcopal Española, durante muchos años, solo aportaba a Cáritas un 1% del presupuesto de aquella institución, habiendo subido este año su ayuda a un 2% de dicho presupuesto.

Es decir, la cantidad que los obispos entregan a esta organización de caridad es claramente simbólica. Por eso, utilizar la subsistencia de Cáritas para defender unos privilegios, que a muchos pueden parecerles poco razonables es, cuanto menos, poco cristiano porque no son tiempos para jugar con esto. Hay gente que no comería si no fuese por Cáritas, Jesús Abandonado y otras asociaciones que luchan diariamente por sacar adelante a familias enteras que, sin estas instituciones, perderían hasta la dignidad.

No soy atea, ni agnóstica y, de ninguna de las maneras anticlerical, pero no me parece bien que un personaje de la Iglesia tan representativo como Rouco Varela se muestre tan poco sensible a la realidad que muchos están viviendo. Su ejemplo ha sido todo menos oportuno, sobre todo porque hay cosas que deberían ser respetadas por todos, y por los representantes de la Iglesia con más motivo, por mucho que cunda entre ellos el nerviosismo ante ciertas iniciativas legislativas populares.

Europa Laica ha presentado en el Congreso 33.500 firmas que respaldan la petición de que la Iglesia católica pague el IBI, porque esta asociación entiende como escandaloso que la exención de dicho impuesto se aplique, no solo a los templos, sino también a las casas donde viven los religiosos, a los edificios que tienen alquilados, a las tierras que poseen en propiedad y no sé cuantas cosas más, y es que, según un informe elaborado y hecho público por Europa Laica, si el Estado cobrase los impuestos legislados a todas las propiedades de la Iglesia en nuestro país podría ingresar entre 2.000 a 3.000 millones de euros.

Por cierto: en Italia, país donde reside la Santa Sede, ya se exige a la Iglesia pagar el IBI, y no ha pasado nada.