Mañana, 1 de mayo, expresaremos, sintetizada en las tres palabras que dan título a este artículo, las demandas que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país formulamos a los poderes públicos y las políticas que de ellos emanan.

En un escenario de paro insostenible económicamente y cruel desde el punto de vista social, el Gobierno, inactivo para garantizar el derecho al trabajo de la población española, se encomendó con la Reforma Laboral aprobada en febrero a una drástica reducción de derechos, salarios y condiciones de trabajo, poniendo a todos en posición de ser despedidos con el menor coste y las mínimas trabas posibles.

En la cruzada contra el déficit público, los mercados ven protegidos sus intereses a través de la Constitución española, y en la colisión de derechos constitucionales el interés de los mercados prevalece en la acción política respecto a los derechos de la ciudadanía. Los perjudicados son los trabajadores y las trabajadoras, el derecho al trabajo digno y suficiente para afrontar los proyectos vitales, mientras el Gobierno asume que el paro va a seguir creciendo y, paralelamente, deteriora los servicios públicos básicos y derechos sociales.

El camino por el que transitan las sociedades no está predestinado: se forja a través de decisiones, de apuestas, de estrategias, de valores.

España había elegido, tras cuarenta años de apagón democrático, el camino del progreso, de la justicia social, de la igualdad, de la solidaridad.

No sin problemas, claro, y con brechas que todavía había que solucionar. Pero el camino que ha emprendido el Gobierno, con las llamadas reformas estructurales y los Presupuestos Generales del Estado para 2012 —y para 2013— es el camino de la renuncia, de la resignación, del crecimiento de la pobreza y la desigualdad, de la rendición ante las exigencias de los mercados, esos que nos introdujeron con su avaricia en la crisis económica y que ahora pretenden fulminar las conquistas sociales logradas durante el siglo XX.

Hay alternativas a las políticas actuales, alternativas que requieren de un compromiso colectivo como país para exigir flexibilidad a la Unión Europea en el cumplimiento del objetivo de déficit. Que pasan también por una reformulación profunda de la política fiscal, más equilibrada, más justa, que permita obtener recursos adicionales para promover la actividad económica y el crecimiento del empleo, que combata el fraude fiscal en lugar de facilitarlo mediante injustas medidas como la amnistía fiscal. Que permitan afrontar el sostenimiento de los servicios públicos como garantía de la solidaridad y la igualdad, especialmente la sanidad, la educación y la atención a la dependencia.

Como también hay alternativas a la pérdida de derechos que ha supuesto la reforma laboral, que bajo el aparente objetivo de ser más competitivos ha roto el equilibrio en las relaciones laborales a favor de la decisión unilateral de las empresas, favoreciendo el descuelgue y la inaplicación de los convenios colectivos, favoreciendo el despido como mecanismo de ajuste frente a la situación de crisis, y olvidando que el trabajo, el derecho al trabajo, es el mecanismo fundamental de progreso personal y social de la mayoría de la población.

Todas estas reivindicaciones configuran el carácter de este 1 de mayo de 2012, un paso más en la amplia contestación social que están teniendo las políticas aplicadas por el Gobierno del Partido Popular, tanto en el país como en nuestra Comunidad, una contestación tan necesaria como legítima y justa.

Tenemos la obligación, como ciudadanos, como trabajadores y trabajadoras, de exigir un cambio de rumbo profundo en la política económica, social y laboral que se está emprendiendo. Exigimos rectificación al mismo tiempo que expresamos la necesidad de un gran acuerdo social y político, de todo el país, para sustentar ese cambio de rumbo, desde el diálogo leal y la corresponsabilidad de la mayoría de la sociedad en el futuro que queremos dibujar.

La huelga general del pasado 29 de marzo puso de relieve un amplio respaldo social a las justas reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras, y el Gobierno haría bien en tenerlas en consideración. No se puede Gobernar de cara a los mercados y de espaldas a la ciudadanía, es socialmente inaceptable y políticamente cuestionable, pese a la indudable legitimidad de la mayoría parlamentaria del Partido Popular, porque las elecciones generales no son un cheque en blanco para la acción de gobierno, sino que este debe tener siempre en cuenta las demandas sociales.

Trabajo, frente al cruel crecimiento del paro. Dignidad, frente al deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría. Derechos, frente al intento de hacer de todas las personas sólo un número en los balances contables de las empresas.