El reequilibrio del reequilibrio

En el citado Plan, las medidas que se proponen del lado de los ingresos, además de haber estado algunas de ellas ya incluidas —y no ejecutadas— en el anterior Plan, suponen escasamente el 29% de los casi 1.300 millones que se pretenden ahorrar en total entre este año y el próximo. Y, de nuevo, el mayor grueso de este ajuste se lo llevan los servicios y prestaciones públicas y los trabajadores que los sostienen. El Ejecutivo ha diseñado, por tanto, un Plan de reequilibrio muy ´desequilibrado´, centrado mayoritariamente en la reducción del gasto en personal, en inversiones, en sanidad y educación, en las transferencias a universidades, y en el sostenimiento de los servicios sociales y el sistema de atención a la dependencia. Un Plan que no sólo no ayudará a remontar la situación de crisis sino que contribuirá a acentuarla, que poco más que servirá para destruir empleo público, degradar las condiciones de trabajo de los asalariados al servicio de la Administración y empeorar el acceso de los ciudadanos a servicios públicos esenciales como sanidad y educación; sobre los que, además, el Ejecutivo central ha impuesto un recorte adicional de 10.000 millones de euros, cuyo impacto en la Región será más que ostensible.

Parece increíble que a estas alturas, arrastrando ya cuatro años de crisis, nuestros dirigentes políticos insistan en caminar en sentido inverso al de las soluciones para salir de la recesión económica y empezar a crear empleo de nuevo. Una vez constatado que con las políticas de recorte la economía se estanca, se genera más desempleo y ni siquiera se logran frenar los ataques especulativos de los mercados, quedan al descubierto las verdaderas razones de quienes con la reciente reforma laboral quebrantaron los principios básicos de nuestro marco de relaciones laborales, y se afanan ahora en desmantelar servicios públicos fundamentales y pilares básicos del Estado del Bienestar. Los sucesivos recortes que se están imponiendo en los Presupuestos Generales del Estado y en los de las Comunidades Autónomas, y la reducción de los servicios básicos de las entidades locales (en sus enésimas versiones), no tienen como finalidad más que pulverizar el Estado social y favorecer los intereses privados, que vendrán a usurpar este espacio solidario y de redistribución de la riqueza que suponen los servicios públicos, para convertirlo en objeto de mercadería y negocio.

En el ámbito regional tenemos la prueba palpable de la inutilidad de unas anteriores durísimas medidas de ajuste, que sólo han alimentado más la recesión y aumentado el desempleo sin resolver las dificultades financieras del tesoro público. 2011 terminó con un déficit acumulado del 4,33% de nuestro PIB, muy lejos del 1,3% fijado. Y todo ello sin que hayamos obtenido explicación alguna, ni por parte del Gobierno que impuso aquellas medidas, ni de los grupos corporativos que las apoyaron, que incluso tuvieron la osadía de tratar de desmovilizar a los trabajadores en la defensa de sus derechos, aun sabiendo que dichas medidas implicaban la destrucción de miles de puestos de trabajo y la pérdida de derechos con carácter permanente y no temporal.

Si hace dos años se hubiesen atendido las propuestas alternativas presentadas por las organizaciones sindicales de clase en la Región de Murcia, que apostábamos por mejorar la progresividad y justicia de nuestro sistema tributario, por la lucha contra la economía sumergida, por la persecución real y efectiva del fraude y por aplicar con severidad la austeridad en los gastos corrientes innecesarios, quizá este segundo plan de reequilibrio financiero no tendría que ser una continuación y aseveración del anterior. Y habría recursos suficientes para garantizar los servicios públicos, y espacio para actuar por la vía de la inversión productiva y el estímulo del empleo.