JAVIER NEIRA
La corrupción es el peor mal de la justicia. Y cierta corrupción política de la justicia es una de sus variantes más peligrosas. En los años setenta la izquierda europea, multiderrotada, optó por politizar la justicia con el uso alternativo del Derecho. Buen atajo: no ganamos elecciones, pero tomamos los juzgados y desde ahí, el Estado.
El juez —o exjuez o lo que sea— Garzón es un ejemplo perfecto de lo dicho. Felipe González lo puso como su número dos de candidatura en unas elecciones generales y, después, lo nombró, sólo, secretario de Estado. Despechado, volvió a la judicatura e intentó empitonar a González.
Como el que hace un cesto hace ciento y el apetito desordenado de gloria, poder y dinero no tiene color ni límite, con el tiempo Garzón se embarcó en una aventura contra el PP que arrancó en aquella cacería donde estaban el ministro de Justicia, el juez, la fiscal y el jefe de la Policía. Algunos, ciegos de pegar tiros, se pasaron de Comunidad autónoma y siguieron frenéticos sin el correspondiente permiso. Allí nacieron Gürtel y sus escuchas ilegales, filtradas sistemáticamente —un delito repetido— al agitprop para arruinar la carrera política de Camps y la honorabilidad de muchas personas. Una técnica digna de Beria que en esta España hemidemocrática cuela y prospera.
Pero el cazador al fin ha sido cazado. Y por triplicado. Hace unos días lo condenaron por espiar las conversaciones de unos abogados con sus defendidos. Hasta el más lego en Derecho sabe que es inaceptable y propio de las dictaduras. Está a punto la sentencia por saltarse la ley de Amnistía —¡por la que tanto luchó la izquierda!—, aunque quizá se libre gracias al circo demagógico-mediático que han montado. Y la tercera, «querido Emilio», por recaudar para un curso en Nueva York más de doscientos millones de pesetas, que salieron de los grandes bancos y empresas nacionales. Negrín lo envidiaría.
A Garzón se le han acabado los atajos: la democracia española puede respirar tranquila.