Gallardón, un ministro reaccionario

Imagínate que tienes que pagar por denuncia puesta cien euros de tasas para que la Policia investigue el presunto delito. Pues algo mismo sucede en la Justicia. Por definición es un servicio público que sostiene un interés común de la ciudadanía. La preeminencia del Derecho, el imperio de la ley, que haya paz sustentada en la aplicación del Derecho, la justicia sirve al Derecho; si a esto le metemos pagos al propio Estado por ofrecer lo que debe de ofrecer ´gratis´ porque ya para eso cobra impuestos, el resultado es una pura perversión del sistema.

Ruiz Gallardón tiene algo parecido a Garzón: son personajes que escalan en la vida pública y que se valen del cargo, no para la defensa del interés general (que a veces coincide con el suyo personal) sino para la defensa de su propia imagen y, si sobra algo, miran por el interés general. A Gallardón la Justicia le importa un capullo. Quiero decir que la calidad del servicio público judicial, el que tengamos una buena Justicia, que no tenemos, le resulta indiferente, ya que para poner orden en la Justicia hay que entablar una guerra contra el actual estamento judicial o buena parte de sus integrantes, y eso no es tarea de los conservadores de poltronas como Ruiz Gallardón ni estará nunca en sus mientes a menos que llegado el trance de la lucha vea que esa tarea es apostar a caballo ganador, al que entonces se apuntaría a buen seguro.

Ahora Gallardón, no contento con no tocar el actual clima de envilecimiento del servicio judicial, quiere restringir el acceso a los recursos de apelación imponiendo nuevas tasas que no explica. Querrá decir que el litigante perdedor de la apelación tenga que pechar con la repercusión del gasto del Estado en todo el proceso de segunda instancia, amortizacion de edificios, salarios de juez y funcionarios, consumo de energía, ascensores, y un largo etcétera para hacer inasequible a la economia jodida, que es mayoritaria, el acceso a la Justicia. La apelación es un derecho natural de toda Justicia; es la segunda oportunidad que permite revisar si el juez de abajo se equivocó (aunque a veces el que se equivoca es el de arriba y la apelación empeora una sentencia que estaba bien dada). En una Justicia deficitaria de calidad como esta es una verdadera locura restringir las apelaciones porque incrementará la injusticia global.

Con esa masa añadida de injusticia global se incrementará el descontento sobre descontento hasta que la presión alcance el umbral explosivo y entonces se acabó la vida política de los Ruiz Gallardón y otros de su raza. El avance de la crisis económica nos pone en puertas de un gran cambio político institucional que va a permitir cambiar atmósferas que se creían intocables.

Tambien dice el flamante ministro que va a modificar el Tribunal Constitucional para darle más independencia prolongando la duración de los cargos de los magistrados, ahora nueve años, que pasarían a ser vitalicios. De entrada, en el Constitucional han mandado un ´globo sonda´," se habla de un nuevo futuro inquilino, el murciano Federico Trillo, como futuro magistrado aspirante a presidente. Este hombre tan impoluto, independiente, ajeno a la política de partidos, representará la regeneración del alto tribunal y la nueva imagen de la ´indePPendencia´. Pues digo lo que antes: como al Constitucional hay que borrarlo del mapa, porque es el templo de la arbitrariedad y el politicismo, hágase esa reforma, que a los que estamos esperando la coyuntura clave para hacer tabla rasa con todo esto nos facilita nuestra tarea. Adelante Gallardón, adelante Rajoy, que cuando los dioses quieren acabar con algún hombre no paran de meterle ideas erróneas en su cabeza, que decían los clásicos griegos.

Otra novedad gallardonista es que los doce componentes jueces del Consejo del Poder Judicial los elijan directamente sus propios pares, los otros jueces. Pero esto es tan aberrante como dejar en manos de meros funcionarios sustraidos al principio democrático la toma de decisiones políticas, porque el Consejo Judicial es un órgano ´político´ que toma decisiones políticas, no es un tribunal que dicta sentencias sujetas al Derecho. Es como si en una sociedad anónima financiada por los accionistas que arriesgan su dinero dejaran que el Consejo de Administración en donde se toman las decisiones de esa sociedad, lo tuviera el Comité de Empresa que representa meramente a los asalariados de la empresa. La idea de Gallardón es tan honesta como vender que se trata de una operación de despolitización cuando en realidad es la entrega del órgano político del Poder Judicial a los jueces de la derechista y pepera Asociación Profesional de la Magistratura, que despues del grueso de los no afiliados, que son mayoría, ellos son los mayoritarios, y ya coparon todos los doce puestos en los años 80 por este mismo método que ahora rehabilita Gallardón. Asi que la despolitizacion del Poder Judicial es entregar a los suyos el Hobierno de la Justicia para mucho tiempo, tal es la buena fe y honradez del nuevo ministro.

El Consejo Judicial, como el Constitucional, son órganos suprimibles de un plumazo, no sirven para nada bueno, son zonas de mugre del sistema, como tambien lo son los Colegios de Abogados y el Consejo de la Abogacia, y puesto que son suprimibles, suprimámoslos, que muerto el perro se acabó la rabia y se da de paso un descanso a las cuentas públicas.

Siempre sostuve que Gallardón es un impostor, un falsificador de apariencias, socialdemocráta y razonable por fuera, reaccionario por dentro, vestido con un disfraz al modo de aquellos personajes de la serie V, extraplanetarios que se camuflaban entre nosotros para perseguir sus fines opuestos a nuestros intereses. Su pretendida reforma de la Justicia es la obra de un ministro reaccionario y maquiavélico que con sus medidas incrementará el descontento y acercará más aun el final de la hegemonia de los suyos.

Si lo miro bien, Gallardón es un revolucionario... inconsciente. Va a facilitar que se hagan grandes cambios muy al margen de sus intenciones.