La Constitución consagra una serie de derechos considerados especialmente básicos, inherentes a la dignidad humana y al propio sistema democrático: los fundamentales. Violarlos implica incumplir la propia Constitución, aparte de manifestar el más absoluto desprecio por los ciudadanos. Entre estos derechos fundamentales se encuentra el de petición, recogido en el artículo 29 de la Constitución, y que obliga a cualquier autoridad política a responder a las peticiones que le planteen los ciudadanos en un plazo máximo de tres meses, aceptando o rechazando lo que se le pide, pero motivando siempre el por qué de su decisión. La no contestación en el plazo citado conlleva, según ha declarado el Tribunal Constitucional, una vulneración del citado derecho fundamental.

El pasado 16 de junio, el Movimiento 15M presentó ante el ayuntamiento de Murcia un escrito de petición en el que le reclamaba que se adhiriese al Código de Buen Gobierno promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias, en la que, paradójicamente, el alcalde Cámara ostenta la presidencia de su comisión de Financiación. Este Código no es ningún documento revolucionario, simplemente recoge una serie de medidas y obligaciones sobre transparencia de la gestión municipal y participación ciudadana, como la instauración de presupuestos participativos mediante los cuales los ciudadanos puedan expresar en primera persona cuáles son los proyectos en que desean que se gaste al menos una parte del presupuesto municipal. Pues bien, el ayuntamiento de Murcia se negó a responder a la petición planteada pese a que la Constitución le obligaba a ello y la dificultad del deber era ciertamente reducida (escribir en un documento si aceptaba o no el Código y argumentar por qué). Llegado noviembre (transcurridos cinco meses) el alcalde no se había dignado pronunciarse.

Ante esto, acudimos a los tribunales para hacer valer nuestro derecho y, milagrosamente, la notificación de la apertura del proceso logró que el alcalde recuperase la voz. En tiempo récord hizo lo que no había podido realizar en los cinco meses precedentes: contestarnos (el 26 de noviembre), aunque su respuesta fue más que deficiente. Tan sólo nos decía que, aunque no asumiera expresamente el Código, éste ya inspiraba la normativa del Ayuntamiento (por eso tenemos presupuestos participativos, sueldos austeros para los concejales y tanta transparencia, pero curiosamente ningún murciano se ha enterado), lo cual nos hizo dudar de que el alcalde se haya leído el citado Código. Su maniobra estaba clara: sabía que había violado la Constitución y no quería que tal escándalo apareciese en una sentencia judicial, por lo que intentaba desactivar el proceso con esta contestación.

Pero, dado que la no respuesta en el plazo de tres meses implica una violación del derecho de petición, y dado que su respuesta era tan falaz como esquiva (vamos, que quería lavarse las manos), seguimos adelante y obtuvimos una resolución judicial donde, expresamente, el juez declara que el Ayuntamiento violó la Constitución y uno de los derechos fundamentales que sostienen la noción más básica de transparencia. De la resolución judicial, destacaremos la siguiente parte: «Es evidente que, en el caso que nos ocupa, se ha infringido el derecho de petición, puesto que el Ayuntamiento ni siquiera acusa recibo del escrito ni da respuesta al mismo, aunque ésta no fuera la deseada, ni esperada». La violación del plazo implicó la violación del derecho fundamental y de la propia Constitución, con un silencio que habría sido eterno si no hubiésemos acudido a los tribunales.

De lo sucedido podemos sacar dos conclusiones: en primer lugar, el infinito desprecio del alcalde de Murcia hacia los ciudadanos, desprecio que le lleva a ignorar sus derechos más básicos incluso cuando su satisfacción le supone un esfuerzo tan nimio como el de contestar a una petición escrita. Aunque, claro, dado lo kafkiano de su respuesta, podemos entender que no quisiese darla, inspirado por el sentido del ridículo. En segundo lugar, hemos visto una vez más como todos los males de Murcia están interrelacionados: la transparencia, la justicia social, la inversión del dinero público en los intereses de la gente y no en los privilegios del político... son manifestaciones de una misma idea: el respeto al ciudadano como titular de la soberanía y protagonista de la política. Si un alcalde no se digna contestar a las demandas de sus electores, tampoco invertirá el dinero de sus impuestos en los servicios públicos de los que depende el bienestar colectivo, ni recaudará donde debe (en los bolsillos de grandes empresarios y clases altas) ni recortará donde es preciso (en su sueldo y dietas), ni establecerá vías de democracia participativa para que la ciudadanía decida sobre los asuntos que le atañen.

Porque para ese alcalde sus vecinos no son más que borregos a los que esquilar el día de las elecciones municipales. La única forma de ponerlo en su sitio es usar todos los medios a nuestro alcance, desde los tribunales a las movilizaciones, para defender los derechos de los murcianos. Y en ello estamos, y para esto es vital que tú, lector, te animes a pelear codo con codo junto a tus vecinos por el respeto y el protagonismo social que todos merecemos.